Estudiantes urgen a que UPR desista de demanda para poder negociar

Por Mariana Muñiz Lara

Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico que fueron demandados nuevamente por la institución señalaron que esperan que se desista de esta acción judicial para que puedan continuar las negociaciones. 

La demanda enmendada de interdicto permanente, interdicto posesorio y daños y perjuicios, presentada por el bufete subcontratado por la UPR Pietrantoni Méndez & Álvarez, aparece en momentos en que el País confiaba en que se iban a retomar las negociaciones entre los representantes estudiantiles y la Junta de Síndicos para lograr acuerdos, interfiriendo con esta posibilidad.   

Los estudiantes demandados son: Gabriel Laborde Torres, presidente del Consejo General de Estudiantes de Río Piedras (CGE); Santiago Velázquez Lamela, vicepresidente del CGE; Verónica Guzmán Correa, secretaria ejecutiva del CGE; María Carruthers Ferrero, secretaria de actas del CGE; Aníbal González Mictil, secretario de prensa del CGE; Adriana Berríos Pérez, secretaria de relaciones públicas del CGE; Rosally Motta Márquez, representante de Humanidades ante el CGE; Arturo Ríos Escribano y Giovanni Roberto Cáez, portavoces del Comité Negociador de Río Piedras (CNRP); Rashid Marcano Rivera, René Vargas Martínez, Adriana Mulero Claudio, Jean Carlo Bonilla Rivera, David Carrasquillo Medrano, Aníbal Núñez González, José García Oquendo, Waldemiro Vélez Soto y Miriam Ruiz Rapale, miembros del CNRP, y Ian Camilo Cintrón Moya, Roberto Thomas y Victor Rodríguez, estudiantes del Recinto.           

Escasas alegaciones

Alega la demanda que, bajo el liderato de este grupo de estudiantes, los huelguistas han cometido actos violentos, impedido el acceso con barricadas, intimidado al personal del Recinto, vandalizado propiedad universitaria, interrumpido las investigaciones, ocasionado problemas de salubridad y puesto en peligro los servicios que la institución brinda, los fondos asignados a ésta y la acreditación de la Universidad.

Contra los 21 estudiantes demandados sólo se hace la alegación general de que son líderes del paro y ocupan posiciones en el Consejo General de Estudiantes y el Comité Negociador. No expone acto ilegal alguno vinculado directamente con ellos. En el pasado caso de interdicto preliminar de la Universidad contra Gabriel Laborde, la institución desistió, pues no podía demostrar que Laborde, como presidente del Consejo, tenía control alguno sobre lo que ocurría en la huelga.

René Vargas, estudiante de Derecho y representante estudiantil ante la Junta Universitaria, indicó que se está evaluando la posibilidad de un caso de perjurio contra la rectora Guadalupe, dado que, en medio de una discusión en el Senado Académico de la que él fue testigo, Guadalupe le aceptó al profesor Luis Muñiz Argüelles que había instado la demanda jurada contra Laborde, contra quien pudo haber recaído una sentencia de encarcelamiento, sabiendo que él no podía hacer nada para llevar a cabo lo que se le pedía, pues los consejos de estudiantes no son los que controlan la huelga.

La demanda indica que se basa en el artículo 2.18 del Reglamento General de Estudiantes, sobre la no obstaculización de las tareas regulares y el acceso a la Universidad, y culpa a los estudiantes de que no se puedan llevar a cabo. No obstante, acepta que la entrada a la Universidad está impedida a todo público debido a un cierre académico y administrativo decretado por la rectora interina Ana Guadalupe y extendido por la Junta de Síndicos. De hecho, los investigadores habían estado entrando al Recinto hasta el cierre del 14 de mayo, anunciado luego de que se ratificara la huelga por votación mayoritaria en Asamblea General de Estudiantes.

“A pesar de haberse decretado un cierre del Recinto hasta el 31 de julio, los demandados y sus seguidores continúan dentro del Recinto, ejerciendo control del mismo mediando fuerza, intimidación y violencia”, dice la demanda. Sin embargo, dentro del campus no se han registrado incidentes violentos. Asimismo, los demandados, miembros del Consejo General de Estudiantes y del Comité Negociador de Río Piedras, han estado fuera del Recinto la mayor parte del tiempo, trabajando para conseguir acuerdos que den fin al conflicto.

¿Sus prerrogativas?

La demanda señala que los jóvenes demandados tienen el deber de usar las prerrogativas de sus posiciones de liderato para que el paro se lleve a cabo de forma ordenada y según las normas universitarias, y no han cumplido con éste. La realidad es que las posiciones que ocupan estos estudiantes en el Consejo y el Comité sólo les permiten dialogar y dirigir asambleas estudiantiles y negociar, respectivamente. Los miembros del Consejo lo han hecho, prueba de lo cual es la Asamblea General de Estudiantes que se celebró el 13 de mayo. Los miembros del Comité también han hecho lo propio, negociando cuando la administración universitaria ha estado dispuesta a hacerlo y organizándose y cabildeando en los medios para que se dé la negociación cuando no.

Además, la demanda alega que los estudiantes están perturbando a la Universidad en la posesión de su propiedad, por lo que deben salir de ésta y “devolverle el control del Recinto” a sus administradores (que no es lo mismo que dueños).

“Estoy totalmente decepcionado, porque quien dice ser mi amigo, el presidente De la Torre, faltó al honor y a las vías universitarias para la solución de conflictos”, dijo Aníbal Núñez, uno de los miembros del Comité Negociador Nacional (CNN) que aparece como demandado. El presidente de la UPR, José Ramón De la Torre, se ausentó a una reunión con el CNN esta mañana porque había un piquete frente al Jardín Botánico, donde se encontrarían, alegando que, aunque lo dejaran entrar, no se podía negociar en ese ambiente.

Horas después, la Universidad demandó a parte de los estudiantes elegidos para participar en dichas negociaciones. Estos jóvenes, si son emplazados correctamente, deberán presentarse ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, lo que les impediría continuar el diálogo.