Policía entregará protocolo sobre entrada de alimentos mañana

Por Mariana Muñiz Lara

La Policía de Puerto Rico tendrá hasta el mediodía de mañana, martes 18, para notificar por escrito los procedimientos que establecerán para la entrada de alimentos y medicamentos al Recinto de Río Piedras, luego de que las madres y padres de estudiantes huelguistas desistieran sin perjuicio de su solicitud de interdicto preliminar, dado que el Superintendente José Figueroa Sancha ordenó hoy a sus agentes permitir las entregas.

No obstante, el grupo demandante tendrá hasta el lunes 24 para informar “el curso de acción que desean seguir en cuanto al injunction permanente de la causa de acción”, según dictaminó el juez superior José Negrón Fernández, luego de que la representación legal de las madres y los padres explicara que, si bien la petición se había tornado académica con la nueva directriz de Figueroa Sancha, podría revivir la controversia si el protocolo que implantaba la Policía era tan restrictivo que podía tener el mismo efecto que prohibir la entrega de comida y artículos de primera necesidad.

De hecho, las partes estuvieron reunidas hasta las cuatro de la tarde para intentar llegar a un acuerdo sobre cómo sería el proceso de provisión de alimentos, sin resultados. DESDE ADENTRO supo que se hicieron varias propuestas; la original de la Policía era que sólo se hicieran entregas de dos portones y en dos horarios y que los agentes cotejaran el contenido de los paquetes, mientras que la del grupo demandante era que fueran en los seis portones, las 24 horas y que no había motivo para pensar que les entregarían artículos que no fueran para su subsistencia. Una propuesta que se estuvo evaluando más adelante fue la de permitir entregas en tres portones, en tres periodos de dos horas, registrando qué productos entraban y estableciendo un centro de acopio fuera del Recinto que funcionaría 24 horas. Hubo diferencias sobre qué tipos de medicamentos y de artículos de higiene y limpieza se permitirían, pues el Estado alegó que podrían entrar armas y drogas.

Objetores por conciencia

Las madres y los padres se oponen a cualquier restricción, porque entienden que sus hijos e hijas pueden tener necesidades que no estén previstas en un protocolo, así como que entre el 21 de abril y el 13 de mayo se estuvieron entregando artículos de forma ordenada, en coordinación con la Policía y sin requerir un protocolo. Comentaron que, independientemente de lo que se establezca, si los jóvenes les notifican de alguna situación que requiere su ayuda, buscarán la forma de proveerles lo pertinente, porque están convencidos de que su reclamo sobrepasa el Derecho, porque es uno de carácter humano.

En una línea similar, el abogado de los estudiantes Juan Santiago, explicó a la prensa que, aunque el juez señaló en su sentencia parcial que había denegado el entredicho provisional del viernes porque el estudiantado está dentro del Recinto en violación de la directriz de la rectora interina Ana Guadalupe al decretar el cierre institucional y no se les está restringiendo la libertad ya que pueden salir, atentar contra la vida, la salud y la integridad física de los jóvenes está vedado por la Constitución de Puerto Rico. Asimismo, argumentó que los estudiantes están ejerciendo sus derechos constitucionales a la libre expresión allí dentro y, en todo caso, si están violando alguna disposición legal, son desobedientes civiles y objetores por conciencia.

A mostrar las placas

En cuanto a la petición de que los policías cumplan con su deber por ley de tener a clara vista sus apellidos y números de placa, la Policía indicó que eso es lo que le ordena a sus empleados y, si alguien incumple, se resuelve con una querella administrativa. La orden del juez Negrón Fernández para que se aseguren de llevar a cabo esta práctica obligatoria continúa vigente.

Para discutir el incumplimiento de esta orden y cómo evitarlo, las partes se reunirán el jueves 20, a las tres de la tarde, en el Cuartel General de la Policía. Si no logran un acuerdo, se verá una vista sobre el asunto el viernes 21, a las diez de la mañana, en la sala 907 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en Hato Rey.