La compañía
contratada por la Universidad de Puerto Rico (UPR) para impartir servicios de
seguridad en el Sistema UPR no pagará este año el bono de navidad a sus
empleados a pesar de que posee un contrato millonario con la UPR. Así lo indica
el informe de solicitud de exoneración del pago publicado por el Departamento
del Trabajo (DT).
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| Guardias de Capitol Security el día del paro estudiantil Foto/Andrés González Berdecía |
La seguridad y los incidentes de violencia han marcado
los últimos días en el Recinto de Río Piedras y en otros del sistema UPR. Los
incidentes violentos suscitados en los primeros días del paro estudiantil por
parte de los oficiales de seguridad no adiestrados de Capitol Security son
harto conocidos por el país.
En un informe emitido por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sobre el estado de los derechos, a raíz de los incidentes y las protestas en la UPR, la organización denuncia las violaciones a los derechos civiles a manos de los oficiales de seguridad privada de la UPR.
En un informe emitido por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sobre el estado de los derechos, a raíz de los incidentes y las protestas en la UPR, la organización denuncia las violaciones a los derechos civiles a manos de los oficiales de seguridad privada de la UPR.
“This past Tuesday, December 7, 2010, the first day of
the two day walk out, University officials brought on to campus a private
security force "Capital Security" comprised of unlicensed and
untrained young men recruited off the streets to control student protestors.
Immediately, a violent situation emerged; many of these so called
"security employees" came in with 2x4’s, wielding open knives and blackjacks,
acting more like a goon squad. When interviewed by the press, some
"security guards" admitted that they have no experience or training,
that their only experience was kicking ass "free of charge" in the
streets of their communities and that "here I will get paid for it".
This private security force was to replace the controversial tactical police
unit, but has proven to be just as violent.”
Tras quedar evidenciada la falta de adiestramiento que
reciben los oficiales de seguridad, Capitol Security podría estar en
violación del contrato suscrito con la UPR. Esto porque el contrato suscrito el
13 de agosto del 2010 expone en su primera cláusula que Capitol “prestará
servicios de seguridad a la Universidad con personal debidamente adiestrado y
capacitado…”. Además, los guardias contratados deben saber leer y escribir,
poseer un certificado de buena conducta de la Policía, someterse a pruebas de
sustancias controladas, poseer una licencia vigente expedida por la Policía
para ejercer como guardia de seguridad y poseer una licencia de portar armas si
es que la llevarán consigo.
La violación o desempeño negligente de cualquiera de
estos requisitos conlleva la violación del contrato, según expone la cláusula
número 24 del mismo. No obstante, la UPR no ha hecho gestión alguna para
investigar los sucesos violentos ocurridos la madrugada del 7 de diciembre de
2010 ni días posteriores. En cuanto a las horas de trabajo y paga a los
guardias, éstos están autorizados a trabajar hasta 12 horas diarias y ganan
entre $11 y $13 la hora.
El contrato al que se alude sólo cubre la seguridad
para los predios del Jardín Botánico a un costo de $920,485 en el año 2010.
Desde el año 2008, la Administración Central de la UPR ha gastado $2,594,956 en
contratos de seguridad con Capitol Security.
Por su parte, el Recinto de Río Piedras suscribió un contrato, que venció el pasado 30 de junio de este año, por $1.4
millones. El nuevo contrato, que de existir cubriría la fecha de los eventos
del paro estudiantil donde se evidenció que los guardias no poseían el adiestramiento necesario, no está disponible en la Oficina del Contralor y la
administración universitaria se negó a entregarlo a un grupo de estudiantes de derecho que lo solicitaron el pasado 9 de diciembre.
El informe de la ACLU puntualiza que: “This is but the
latest of many events since this new Puerto Rican government came into power that
serves to illustrate the times in which citizens of Puerto Rico are living,
there appears to be a concerted effort by the government to dismantle any
semblance of dissidence. The government is on an ideological campaign to put
down obstacles to its political agenda by implementing cold war tactics
reminiscent of the 1960’s and 1970’s. Its must vulnerable victims are the
fundamental rights guaranteed by the first, fourth and fifth amendments to the
Constitution of the United States, the Puerto Rico Constitution, and
international human rights documents”.
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