Por Servicios Combinados
(International News Service y Redacción de Desde Adentro)
La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) presento en la tarde de hoy ante el Tribunal Supremo una moción en auxilio de jurisdicción, luego de que el juez José Negrón Fernández, del Tribunal Superior de San Juan, determinara que el receso académico y administrativo decretado por la rectora interina, Ana Guadalupe, es ilegal.
La moción, firmada por los abogados Oreste Ramos, Maritere Colón y Anthony Guadalupe, del bufete Pietriantoni Méndez y Álvarez, establece que la determinación judicial es errada porque “la Rectora no ha incumplido con el Reglamento de la Universidad, ya que éste no requiere que ésta a priori indique la cantidad de tiempo durante el cual estará vigente el receso”.
La moción, firmada por los abogados Oreste Ramos, Maritere Colón y Anthony Guadalupe, del bufete Pietriantoni Méndez y Álvarez, establece que la determinación judicial es errada porque “la Rectora no ha incumplido con el Reglamento de la Universidad, ya que éste no requiere que ésta a priori indique la cantidad de tiempo durante el cual estará vigente el receso”.
No obstante, de acuerdo con la profesora de Derecho, Érika Fontanez, para decretar un receso académico la rectora tiene que emitir una resolución a esos fines según establece el reglamento universitario, sin embargo, "la misma rectora en el tribunal admitió que ella no hizo una resolución para decretar un receso".
Por otra parte, la moción presentada por la UPR expone que en la Universidad se han “suscitado varios actos de sabotaje y vandalismo, y más importante aún, cerca de una veintena de guardias universitarios sufrieron agresiones serias al tratar de impedir que los estudiantes tomaran el control de los accesos del recinto”.
“Si la universidad se viera forzada a cumplir con la orden reseñada, sin más, quedaría al entero arbitrio de los estudiantes desistir de controlar los accesos al recinto y devolverle el control a éste de sus instalaciones a la universidad, que es su legítima dueña”, señala.
Fontánez expresó que es lamentable la exposición que hace la UPR sobre alegados actos violencia en la Universidad ya que la realidad es que los universitarios se han comportado de forma ejemplar durante todo este proceso.
Con respecto al proceder de la administración universitaria ante el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, Fontánez expuso que “si la Universidad no puede salvaguardar el derecho de libertad de expresión y asociación estamos en una situación crítica. Me parece desafortunado que (la rectora Ana Guadalupe) siga con una actitud intransigente. Debería dirigir sus energías a reunirse con el estudiantado”, añadió.
El juez Negrón Fernández ordenó al presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, y a Guadalupe, que abran los portones del Recinto de Río Piedras en o antes del 3 de mayo a las 6:00 de la mañana.
En la decisión, que está basada en un recurso de interdicto preliminar presentado por Jorge Farinacci Fernós y Fernando Moreno Orama, estudiantes de tercer año de la Facultad de Derecho de la UPR, el juez Negrón Fernández insta a De la Torre y a Guadalupe a que desistan del receso académico y administrativo decretado el pasado 21 de abril por la rectora interina.
"En atención a que somos conscientes que la apertura del Recinto requiere coordinación y preparativos, se ordena a los demandados a abrir el Recinto en o antes del 3 de mayo de 2010 a las 6:00 de la mañana", reza la orden del juez, que además impuso a los demandantes una fianza de cien dólares a cada uno.
"Ante una actuación de los demandados (UPR) que restringe el derecho a la libertad de expresión y de asociación, lo menos que se le puede exigir a las autoridades universitarias es cumplir con su propio reglamento. No lo hicieron", indicó Negrón Fernández.
Asimismo, Negrón Fernández señaló una conferencia sobre el estado de los procedimientos para el 3 de mayo a las 10:30 de la mañana, sobre la vista de injuction permanente.
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