Sí a los nuevos abogados, pero a negociar para no usarlos

Por Mariana Muñiz Lara

Que negocien para este viernes. Esta fue la sugerencia del juez superior José Negrón Fernández al aprobar que se mantuvieran en suspenso hasta el viernes 28 los emplazamientos contra los 18 estudiantes del Recinto de Río Piedras demandados por la Universidad de Puerto Rico (UPR) que aún no están bajo la jurisdicción del tribunal, para darle espacio a las negociaciones entre los representantes estudiantiles y la administración universitaria.

El juez reiteró que espera que las partes puedan llegar a acuerdos de forma extrajudicial, lo que ha sido su exhortación desde el inicio del caso, en abril. No obstante, señaló que no pueden mantener la controversia inmóvil en la corte, por lo que la administración universitaria tiene que informarle al juez, el viernes, a mediodía, sobre el resultado de las negociaciones. Dependiendo de éste, se determinará el futuro de los procedimientos judiciales, de los emplazamientos personales de los jóvenes acumulados en la demanda enmendada y de los emplazamientos por edictos de los que nunca fueron emplazados en la demanda original.

Mientras tanto, el término jurisdiccional de seis meses, desde la presentación de la demanda enmendada el 19 de mayo, para emplazar personalmente a los 18 estudiantes sigue corriendo. El juez explicó que, ya que están en etapa de interdicto permanente, que se tramita como una demanda ordinaria, él no es quien pone fechas límites para los emplazamientos, sino que la parte demandante determina cuándo los diligencia dentro del periodo de seis meses.

Los emplazamientos pendientes son contra 18 estudiantes, que incluyen a los cinco representantes de Río Piedras en el Comité Negociador Nacional: Arturo Ríos Escribano, Aníbal Núñez, Waldemiro Vélez, José García y Giovanni Roberto. Los tres estudiantes demandados que ya son parte del pleito son Gabriel Laborde, presidente del Consejo General de Estudiantes, quien había sido emplazado anteriormente para el interdicto preliminar; Verónica Guzmán Correa, secretaria ejecutiva del Consejo, y René Vargas Martínez, representante estudiantil ante la Junta Universitaria y síndico estudiantil electo.

Guzmán y Vargas se sometieron hoy voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, porque aseguran que esta demanda es frívola y no tiene mérito alguno, ya que pretende que los alumnos demandados lleven a cabo acciones que no están en sus manos. “Esta situación es un reflejo de la mala administración y distribución de recursos que hay en la UPR. Esta demanda es innecesaria y es innecesario el uso de fondos públicos en abogados subcontratados cuando la Universidad tiene una división legal y, más aún, cuando el diálogo es gratis”, afirmó Vargas.

Por su parte, Laborde declaró que la administración universitaria está demostrando que su interés es perseguir al estudiantado, en lugar de negociar para terminar la huelga. “Si gastaban un dineral con Pietrantoni, más todavía estarán gastando con McConnell”, indicó Laborde, en referencia al cambio de representación legal de la Universidad.

Entra McConnell Valdés

En la vista de hoy, se anunció que la UPR ya no estaría representada por los abogados Jorge “Tito” Pérez Díaz y Fernando Collazo Valle, de la firma Pietrantoni Méndez & Álvarez (PMA). Su nueva representación legal, también subcontratada, estará compuesta por Raúl Arias Marxuach y Maralyssa Álvarez Sánchez, del bufete McConnell Valdés, el más grande y uno de los más costosos del País. Arias Marxuach se negó a revelarle a la prensa cuánto están cobrando por llevar el caso.

El grupo McConnell ha sido señalado como el artífice de la política pública del gobierno de Luis Fortuño. Abogados y ex abogados del bufete han participado en el desarrollo de legislación, en el cabildeo para medidas y en proyectos como el de la llamada Reforma Contributiva. En los últimos días, uno de los socios del bufete, Arturo García Solá, quien maneja el fideicomiso de Fortuño y su esposa Lucé Vela, ha estado en la mira pública por buscar posicionar a una de las compañías interesadas en que se apruebe la ley sobre la videolotería. García Solá fue consejero de Fortuño en sus comités de transición y de selección del gabinete del gobernador, según el portal de la firma: www.mcvpr.com.

PMA también representó a la Universidad en el caso que le ganaron los estudiantes de Derecho Fernando Moreno Orama y Jorge Farinacci Fernós sobre la inconstitucionalidad del cierre del Recinto decretado el 21 de abril. Los abogados  de Pietrantoni –Oreste Ramos Pruetzel, Maritere Colón Domínguez y Anthony Guadalupe Baerga- recurrieron al Tribunal Supremo para revisar el dictamen judicial cuando éste ya era académico y así lo determinó el más alto foro.

Por otro lado, en la vista de hoy, se aprobó que los términos que tienen los estudiantes para contestar cualquier moción queden paralizados mientras no se diligencien los emplazamientos y se le dio un plazo de cinco días a los nuevos representantes de la UPR para proveerle todos los documentos legales del caso a los abogados de Guzmán y Vargas; Gaspar Martínez Mangual y Frank Torres Viada. En representación de Laborde, continúan los abogados Juan Santiago, José Nazario, Alex Rosa y Hans Perl.

Este caso es la continuación del pleito presentado por la Universidad el 21 de abril, primer día de cierre del Recinto de Río Piedras, para que se garantizara el acceso al campus, que, al día de hoy, es controlado por la Policía, a petición de la rectora interina Ana Guadalupe. A la institución, el 22 de abril, se le concedió su solicitud de entredicho provisional, remedio que se dicta sin presentar prueba.

Asimismo, la Universidad, el 30 de abril, consiguió una orden de interdicto preliminar, recurso extraordinario que se concede luego de ponderar evidencia, contra Laborde para que utilizara sus prerrogativas para permitir el acceso al Recinto y evitar actos de violencia y vandalismo. Mientras cumplía con la orden, reuniéndose con la administración universitaria y  coordinando la Asamblea General de Estudiantes del 13 de mayo, Laborde, el único estudiante demandado para ese entonces, fue objeto de vistas de desacato. La Universidad finalmente desistió de la solicitud de desacato en su contra, pero, el 19 de mayo, enmendó su demanda, ya en etapa de interdicto permanente, para incluir a 20 estudiantes miembros del Comité Negociador de Río Piedras, del Consejo General de Río Piedras y de organizaciones políticas estudiantiles como demandados.