Por Oscar J. Serrano y Arinda Reyes
Centro de Periodismo Investigativo
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| Foto/Archivo Desde Adentro |
La Policía de Puerto Rico admitió bajo juramento que no tiene reglamentos que controlen su práctica de grabar a las personas en manifestaciones públicas como la huelga de la Universidad de Puerto Rico (UPR), piquetes, y marchas.
La admisión ocurrió en una demanda que presentó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en la que se le solicitó a la policía que entregaran copia de cualquier orden administrativa, reglamento, o circular que regule la práctica de grabar a las personas.
El Departamento de Justicia pidió la desestimación del pleito del CPI con una declaración jurada del sargento Miguel Ángel Candelario Rodríguez, de la Oficina de Información Criminal de la Superintendecia Auxiliar de Operaciones Estratégicas. El oficial indica en la misma que "la labor para llevar a cabo la recopilación fílmica en este tipo de eventos de trascendencia pública en la Policía de Puerto Rico no se encuentra regulado por directrices escritas ya que las mismas están en proceso de desarrollo y consulta". El CPI confirmó que desde el 14 de septiembre, cuando el sargento suscribió la declaración, hasta ahora, la situación de ausencia de reglamento es la misma.
La falta de reglamentación y la decisión de grabar en actividades de expresión pública contrastan con la decisión del Tribunal Supremo que declaró ilegal la práctica de la policía de mantener expedientes, o "carpetas", sobre ciudadanos por motivos ideológicos y no porque tuvieran motivos para creer que habían cometiendo delitos.
El Superintendente José Figueroa Sancha dijo esta semana en conferencia de prensa que las grabaciones "se mantiene[n] por un período de tiempo y es la misma forma que ellos nos están grabando a nosotros". Añadió que se graban las órdenes que se le dan a las personas e incluso a periodistas. No ofreció más detalles de cómo se decide qué se va a grabar, cómo custodian las grabaciones, o para qué propósito legal o investigativo se utilizan. Tampoco se han dado explicaciones sobre qué se hace con las grabaciones que los policías realizan con sus teléfonos personales.
El único detalle adicional sobre cómo la policía decide qué grabar viene de la propia declaración jurada, en la que el sargento Candelario se describe como director interino de una unidad que "tiene a su cargo entre otras la labor de recopilar evidencia fílmica de los eventos de trascendencia pública donde por la naturaleza del evento es altamente probable la ocurrencia de actos contrarios a la ley y el orden".
A pesar de que Figueroa argumentó que lo que la policía hace es lo mismo que el público hace, el Tribunal Supremo ha hecho la distinción entre lo que se le puede permitir a un ciudadano y lo que se le permite al Estado, por el poder desproporcionado que el gobierno tiene frente al ciudadano. En el caso de las carpetas, y según aparece reflejado en el motor de búsqueda Microjuris, el tribunal indicó que "la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe que el Estado mantenga un sistema de vigilancia e investigación sobre personas y agrupaciones por razones ideológicas". "Esta práctica constituye un discrimen impermisible por razón de creencias políticas y una indebida restricción de la libertad de asociación y el derecho de libre expresión", añadió.
Incluso, en un caso de 2002, el tribunal estableció un protocolo que los patronos tienen que seguir para poder grabar las actividades de sus empleados en los centros de trabajo. Entre los requisitos está notificación de que se está grabando y divulgación de quién tiene la grabación y por cuánto tiempo.
El hecho de que la policía está grabando sin reglas ni directrices puede ser base para declarar nulo cualquier procedimiento legal que surja de esas grabaciones. La semana pasada se supo que la rectoría del recinto de Río Piedras de la UPR emitió cartas de suspensión sumaria contra varios estudiantes, algunos de los cuales señalaron que la base de la suspensión podrían ser las grabaciones de la policía.
*Artículo publicado en la página del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
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