Por María de Lourdes Martínez Cordero
René Vargas Martínez, síndico
estudiantil y codemandado en el caso UPR v. Laborde, et al., presentó hoy una
moción de reconsideración a la opinión emitida ayer en la tarde por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico. En síntesis, Vargas Martínez alega que se le violentó
su derecho a un debido proceso de ley y a ser oído en el más alto foro
judicial.
En la moción de reconsideración,
Vargas Martínez sostiene que las expresiones del tribunal cuando alega que
contó con un escrito de oposición de los estudiantes y de “haber tomado en
consideración los escritos de ambas partes” para llegar a una determinación, son incorrectas pues él, como recurrido nunca
compareció ni realizó alegación alguna ante ese foro en contestación a la
certificación intrajurisdiccional presentada ante el Tribunal Supremo. En la
moción se señala que otros de los codemandados, a los que en la opinión se les
identifica como “los estudiantes”, sí emitieron un memorando de derecho en
oposición a que el tribunal observara el auto de certificación, sin embargo,
dicho memorando no fue suscrito por Vargas Martínez. De esa manera, el más alto
foro prescindió de términos y alegados de las partes.
El escrito especifica que al
estudiante no se le dio la oportunidad de ser oído en el foro judicial. Por
último, señala además que el tribunal descansó en conocimiento judicial, es
decir descansó sin prueba o evidencia traída por partes, sobre hechos donde
Vargas Martínez tenía derecho a llevar prueba contraria. Por dichas razones,
Vargas Martínez denuncia que se ha violentado su derecho constitucional a un
debido proceso de ley.
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