26 de mayo de 2010

CES cuestiona las acciones de la administración universitaria


Por Aura Colón Solá

El presidente de la Universidad de Puerto Rico, José Ramón De la Torre, no tiene un plan para salvar las finanzas del principal centro docente ni ha revelado los informes de capital como es requerido por el Reglamento. Esta información fue revelada en una carta enviada el pasado 24 de mayo por el Consejo de Educación Superior (CES) a De la Torre, con copia a la Junta de Síndicos.

La carta señala que motivado por cuestionamientos de mal manejo de fondos y un déficit millonario, reseñado en la prensa y por los estudiantes durante el conflicto huelgario, el CES advirtió, desde el mes de abril, sobre “la posibilidad de violaciones a los términos de la licencia de la UPR”. Con este fin, solicitaron a la administración universitaria información sobre las medidas que se tomarán para palear el déficit y asegurar los requisitos académicos con los que la UPR está obligada a cumplir.

“A cerca de un mes de nuestra misiva, los conflictos huelgarios se han exacerbado y la prensa continúa reseñando la precariedad de la situación fiscal de la Universidad. La comunicación que hemos recibido de su parte lo confirma. Sin embargo, no se indica cómo la institución asegurará el cumplimiento sobre las obligaciones, particularmente relacionadas a la docencia y a las fiscales”, lee la carta.

Asimismo, el CES cuestiona el cierre institucional hasta el 31 de julio, pues significa la pérdida del 20% de la sesión académica y pone en riesgo las horas contacto necesarias para que los estudiantes culminen sus clases.

Sobre la situación fiscal de la UPR, revela el CES que De la Torre afirmó que la universidad enfrenta “retos sin precedente” y que se “verá precisada a tomar una serie de medidas contundentes y extraordinarias”. No obstante, el CES critica que la administración “no informa, ni siquiera a grandes rasgos, cuáles son esos retos ni las medidas que serán adoptadas”.

“Reiteramos que es deber de la Universidad demostrar que cuenta con la capacidad fiscal suficiente para asegurar la continuidad de sus operaciones, según están contempladas en el ámbito de su licencia en vigor”, advierte José Aparicio Maldonado, Presidente del CES. También revela la carta que la UPR no entregó los estados financieros auditados que debían desde el mes de marzo.



Además, se señala que el Presidente indicó que las investigaciones en el recinto riopedrense han sido “adversamente afectadas”. Ante tal situación, el CES apunta a que la estrategia de la administración ha sido acudir a los Tribunales para asegurar la entrada al recinto de los investigadores pero “debe la UPR informar cómo garantizará la continuidad de las investigaciones científicas y docentes”.

La misiva señala que solicitarán “información específica y garantías concretas que aseguren la viabilidad económica”. De no ofrecerla, la UPR se expone a “multas administrativas y la puesta en probatoria, suspensión o cancelación total de la licencia”.

El CES concluye exhortando a la administración a tomar las decisiones necesarias para retornar a las labores docentes y administrativas sin necesidad de acudir a estos recursos. De la misma manera, afirma que “sería penoso” tomar medidas drásticas contra la UPR.

A raíz de la implementación de la conocida Ley 7, el CES se vio afectado y decidió públicamente desafiar las instrucciones de la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JEREF) al negarse a firmar las cartas de despido que dicho cuerpo ordenó por facultad de ley. Esta acción se dio a conocer en un comunicado de prensa el pasado 2 de octubre de 2009, donde se expresa que el JEREF recomendó cesantear a 27 de los 57 empleados con los que cuenta el CES. Esta acción, expone el comunicado, dejaría al Consejo inoperante y pondría en riesgo fondos federales.

“Básicamente en Estado estaría ahorrando [con las cesantías] $937 mil y arriesgando, haciendo un cálculo conservador, $788 millones”, indica el comunicado. “Esta determinación va en detrimento de una política pública que debe ser encaminada al desarrollo y fortalecimiento de la educación en Puerto Rico”, añade.

Vea la carta del CES aquí.

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