27 de mayo de 2010

Por la libre la violación de derechos humanos


Por Mariana Muñiz Lara

En Puerto Rico, no existen reglamentos sobre el uso de pistolas “taser” ni sobre las grabaciones de manifestantes que hacen las autoridades policíacas y se han obviado los protocolos internacionales sobre desalojos. Todas estas instancias constituyen violaciones de derechos humanos sobre las que hay que actuar, denunció hoy la Sección de Puerto Rico de la organización Amnistía Internacional (AI-PR), como parte de la presentación del Informe 2010 sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, que produce esta entidad global desde 1961.

Preocupan los desalojos

El acápite sobre Puerto Rico del Informe, que está disponible en un enlace de la página www.amnistiapr.org, destaca el caso de la comunidad Villas del Sol como uno de uso excesivo de la fuerza, por el trato que se le ha dado a los residentes que defienden sus hogares, y de derecho a una vivienda adecuada, dado que se les cortó el suministro de agua potable y luz eléctrica y aún no tienen seguridad sobre el lugar a donde los van a trasladar.

El Derecho Internacional contempla el desalojo forzoso como una violación de derechos humanos y sostiene que sólo se puede llevar a cabo, si existe un peligro de muerte o daño grave a las personas, mediante un proceso participativo y con la condición de que se muevan a un lugar donde la calidad de vida sea mejor, explicó Pedro Santiago, director ejecutivo de AI-PR. Existe un protocolo para estas situaciones que las autoridades estatales han obviado.

El coordinador del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de AI-PR, Alfonso Román, indicó que también están pendientes a las comunidades de escasos recursos a las que se le crean condiciones onerosas para obligarlas a mudarse. La organización está preparando un mapa de la Isla, en el que se han identificado 42 comunidades que tienen esta situación, y está investigando las características de las áreas y las intenciones del Gobierno para hacer la denuncia.

Sitiada la UPR

Osvaldo Burgos, vicepresidente de la Junta de Directores de AI-PR, hizo un llamado a la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y al Gobierno para que no desalojen a los estudiantes de forma forzosa de los recintos.

Asimismo, señaló que no ha habido evento alguno en la huelga universitaria que justifique la presencia de la Unidad de Operaciones Tácticas o Fuerza de Choque en los portones, por lo que el despliegue de estos agentes sólo tiene la función de “intimidar y crear una presión indebida sobre las personas que ejercen su libertad de expresión”. Recordó que tan sólo el despliegue de fuerza policíaca en exceso, como se ha visto en la UPR y en Villas del Sol, constituye una violación a los derechos humanos.

La organización estará reforzando su cuerpo de observadores para vigilar que no se violen derechos de los ciudadanos en las actividades relacionadas con la Universidad.

El “taser” es letal

Relacionado también con la UPR, la organización destacó el caso del estudiante José “Osito” Pérez, quien recibió varias descargas eléctricas con “taser” cuando agentes de la Policía lo tenían inmovilizado, en el motín del Hotel Sheraton, para denunciar que el uso de esta arma letal no está reglamentado.

Santiago enfatizó en que un reglamento tendría que basarse en que la Policía tiene que usar el mínimo de violencia y sólo cuando sea necesaria, pues la agencia no está diseñada para castigar. El sistema de Derecho en Puerto Rico no contempla el castigo físico como respuesta a la conducta criminal y sólo los tribunales pueden dictaminar penas, luego de procesos en los que se garanticen derechos básicos a los ciudadanos.

Por su parte, Burgos dijo que es esencial cambiar la idea de que el “taser” es un arma no-letal, pues esa catalogación tiene el efecto psicológico de que la utilicen indiscriminadamente. De hecho, en los mismos adiestramientos de la Policía, los agentes se aplican el “taser” entre ellos, cuando estas descargas afectan el sistema nervioso central y provocan daños permanentes al sistema renal.

De acuerdo con un estudio de AI, entre el 2001 y el 2007, murieron 300 personas que fueron atacadas con “tasers” y el 75% de éstas no estaban armadas. En diversos países, se ha registrado un uso indiscriminado del “taser”, en ocasiones con pistolas que expulsan las descargas a distancia, contra poblaciones LGBTT y de escasos recursos. Santiago señaló que el efecto del “taser” es más grave cuando quien recibe el golpe eléctrico tiene un padecimiento cardiaco o de las vías respiratorias; la combinación con gases lacrimógenos es muy peligrosa para estas personas.

¿Un nuevo “carpeteo”?

En los últimos meses, AI-PR ha notado el uso de equipo sofisticado para grabar imágenes y sonidos de las personas que participan en eventos, ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. Esto se hace sin que exista un reglamento sobre para qué propósito están grabando, cómo y con quién se comparte la información, y cómo se custodia, y, más aun, cuando la Policía no tiene derecho a retener información de alguien que no está siendo procesado criminalmente y la Constitución de Puerto Rico prohíbe la grabación de comunicaciones telefónicas.

Burgos declaró que los ciudadanos tienen que reclamarle a la Policía cómo pueden acceder a la información que están recopilando de ellos.

Otros puntos que han llevado a la organización a levantar bandera son el “memorando de entendimiento” entre el gobierno de Luis Fortuño y agencias federales que tiene el efecto de evadir la prohibición de pena de muerte establecida en la Constitución de Puerto Rico; la activación de la Guardia Nacional para crear un estado de miedo en el País; los despidos masivos y otras medidas que ha tomado el Estado, agarrándose de la crisis económica y fiscal, para afectar derechos humanos en las áreas de salud, educación y cultura.

Necesaria la perspectiva de derechos humanos

“Las violaciones de derechos humanos se alimentan de la invisibilidad”, afirmó Burgos. Enfatizó en la importancia de reconocer los derechos humanos y denunciar sus violaciones, porque, de otro modo, éstas se comienzan a percibir como algo normal y sus víctimas sienten que eso es “lo que les ha tocado vivir”. Recalcó que, aunque en Puerto Rico no hay tantas violaciones como en otros países, no se puede dejar pasar ninguna, pues van aumentando poco a poco.

Burgos dijo estar preocupado por los retrocesos en los derechos adquiridos que se están dando en el País, donde la ciudadanía, parece entender que, por la situación colonial que no le da participación directa en tratados internacionales sobre el tema, no estas luchas no le incumben. “En Puerto Rico, no estamos acostumbrados a hablar de derechos humanos”, señaló y explicó que “no son justiciables sólo aquellos derechos que aparecen en un documento”, sino que hay derechos humanos que no recogen las leyes pero cobijan a todas las personas.

De acuerdo con Burgos, las escuelas de Derecho tienen que empezar a enseñar desde la perspectiva de los derechos humanos, los abogados tienen que hacer alegaciones bajo este fundamento y los tribunales tienen que utilizarlo para resolver, en lugar de “ser positivistas” e interpretar el Derecho de forma restrictiva.

Soluciones locales e internacionales

A nivel mundial, AI pide que se ratifique la Corte Penal Internacional, se implementen medidas de rendición de cuentas y se aprueben legislaciones concretas de protección a los defensores de derechos humanos, quienes, han sido víctimas de persecución, torturas y encarcelamiento ilegal en diversos países, según informó Irma Lugo, presidenta de la Junta de Directores de AI-PR. La institución internacional reclama que se contrarreste la brecha la justicia, garantizándole acceso a tribunales a las víctimas de derechos humanos, y que éstas conozcan la verdad y consigan una reparación efectiva. Lugo resaltó del Informe que los casos de racismo, xenofobia, homofobia y misoginia son persistentes.

La organización, a nivel local, solicitó al Gobierno que respete no sólo los derechos políticos y civiles, sino también los sociales, económicos y culturales, y a sancionar a quienes cometan abusos contra la ciudadanía, tanto desde el área gubernamental como desde empresas privadas.

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