Por Mariana Muñiz Lara
En Puerto Rico, no existen
reglamentos sobre el uso de pistolas “taser” ni sobre las grabaciones de
manifestantes que hacen las autoridades policíacas y se han obviado los
protocolos internacionales sobre desalojos. Todas estas instancias constituyen
violaciones de derechos humanos sobre las que hay que actuar, denunció hoy la
Sección de Puerto Rico de la organización Amnistía Internacional (AI-PR), como
parte de la presentación del Informe 2010 sobre el Estado de los Derechos
Humanos en el Mundo, que produce esta entidad global desde 1961.
Preocupan
los desalojos
El acápite sobre Puerto Rico del
Informe, que está disponible en un enlace de la página www.amnistiapr.org, destaca
el caso de la comunidad Villas del Sol como uno de uso excesivo de la fuerza,
por el trato que se le ha dado a los residentes que defienden sus hogares, y de
derecho a una vivienda adecuada, dado que se les cortó el suministro de agua
potable y luz eléctrica y aún no tienen seguridad sobre el lugar a donde los
van a trasladar.
El Derecho Internacional contempla
el desalojo forzoso como una violación de derechos humanos y sostiene que sólo
se puede llevar a cabo, si existe un peligro de muerte o daño grave a las
personas, mediante un proceso participativo y con la condición de que se muevan
a un lugar donde la calidad de vida sea mejor, explicó Pedro Santiago, director
ejecutivo de AI-PR. Existe un protocolo para estas situaciones que las
autoridades estatales han obviado.
El coordinador del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de AI-PR, Alfonso Román, indicó que
también están pendientes a las comunidades de escasos recursos a las que se le
crean condiciones onerosas para obligarlas a mudarse. La organización está
preparando un mapa de la Isla, en el que se han identificado 42 comunidades que
tienen esta situación, y está investigando las características de las áreas y
las intenciones del Gobierno para hacer la denuncia.
Sitiada
la UPR
Osvaldo Burgos, vicepresidente de
la Junta de Directores de AI-PR, hizo un llamado a la administración de la
Universidad de Puerto Rico (UPR) y al Gobierno para que no desalojen a los
estudiantes de forma forzosa de los recintos.
Asimismo, señaló que no ha habido
evento alguno en la huelga universitaria que justifique la presencia de la
Unidad de Operaciones Tácticas o Fuerza de Choque en los portones, por lo que
el despliegue de estos agentes sólo tiene la función de “intimidar y crear una
presión indebida sobre las personas que ejercen su libertad de expresión”. Recordó
que tan sólo el despliegue de fuerza policíaca en exceso, como se ha visto en
la UPR y en Villas del Sol, constituye una violación a los derechos humanos.
La organización estará reforzando
su cuerpo de observadores para vigilar que no se violen derechos de los
ciudadanos en las actividades relacionadas con la Universidad.
El “taser”
es letal
Relacionado también con la UPR, la
organización destacó el caso del estudiante José “Osito” Pérez, quien recibió
varias descargas eléctricas con “taser” cuando agentes de la Policía lo tenían
inmovilizado, en el motín del Hotel Sheraton, para denunciar que el uso de esta
arma letal no está reglamentado.
Santiago enfatizó en que un
reglamento tendría que basarse en que la Policía tiene que usar el mínimo de
violencia y sólo cuando sea necesaria, pues la agencia no está diseñada para
castigar. El sistema de Derecho en Puerto Rico no contempla el castigo físico
como respuesta a la conducta criminal y sólo los tribunales pueden dictaminar
penas, luego de procesos en los que se garanticen derechos básicos a los
ciudadanos.
Por su parte, Burgos dijo que es
esencial cambiar la idea de que el “taser” es un arma no-letal, pues esa
catalogación tiene el efecto psicológico de que la utilicen
indiscriminadamente. De hecho, en los mismos adiestramientos de la Policía, los
agentes se aplican el “taser” entre ellos, cuando estas descargas afectan el
sistema nervioso central y provocan daños permanentes al sistema renal.
De acuerdo con un estudio de AI,
entre el 2001 y el 2007, murieron 300 personas que fueron atacadas con “tasers”
y el 75% de éstas no estaban armadas. En diversos países, se ha registrado un
uso indiscriminado del “taser”, en ocasiones con pistolas que expulsan las
descargas a distancia, contra poblaciones LGBTT y de escasos recursos. Santiago
señaló que el efecto del “taser” es más grave cuando quien recibe el golpe
eléctrico tiene un padecimiento cardiaco o de las vías respiratorias; la
combinación con gases lacrimógenos es muy peligrosa para estas personas.
¿Un nuevo
“carpeteo”?
En los últimos meses, AI-PR ha
notado el uso de equipo sofisticado para grabar imágenes y sonidos de las
personas que participan en eventos, ejerciendo sus derechos a la libertad de
expresión y de asociación. Esto se hace sin que exista un reglamento sobre para
qué propósito están grabando, cómo y con quién se comparte la información, y
cómo se custodia, y, más aun, cuando la Policía no tiene derecho a retener
información de alguien que no está siendo procesado criminalmente y la
Constitución de Puerto Rico prohíbe la grabación de comunicaciones telefónicas.
Burgos declaró que los ciudadanos
tienen que reclamarle a la Policía cómo pueden acceder a la información que
están recopilando de ellos.
Otros puntos que han llevado a la
organización a levantar bandera son el “memorando de entendimiento” entre el
gobierno de Luis Fortuño y agencias federales que tiene el efecto de evadir la
prohibición de pena de muerte establecida en la Constitución de Puerto Rico; la
activación de la Guardia Nacional para crear un estado de miedo en el País; los
despidos masivos y otras medidas que ha tomado el Estado, agarrándose de la
crisis económica y fiscal, para afectar derechos humanos en las áreas de salud,
educación y cultura.
Necesaria
la perspectiva de derechos humanos
“Las violaciones de derechos
humanos se alimentan de la invisibilidad”, afirmó Burgos. Enfatizó en la
importancia de reconocer los derechos humanos y denunciar sus violaciones,
porque, de otro modo, éstas se comienzan a percibir como algo normal y sus
víctimas sienten que eso es “lo que les ha tocado vivir”. Recalcó que, aunque
en Puerto Rico no hay tantas violaciones como en otros países, no se puede
dejar pasar ninguna, pues van aumentando poco a poco.
Burgos dijo estar preocupado por
los retrocesos en los derechos adquiridos que se están dando en el País, donde
la ciudadanía, parece entender que, por la situación colonial que no le da
participación directa en tratados internacionales sobre el tema, no estas
luchas no le incumben. “En Puerto Rico, no estamos acostumbrados a hablar de
derechos humanos”, señaló y explicó que “no son justiciables sólo aquellos
derechos que aparecen en un documento”, sino que hay derechos humanos que no
recogen las leyes pero cobijan a todas las personas.
De acuerdo con Burgos, las
escuelas de Derecho tienen que empezar a enseñar desde la perspectiva de los
derechos humanos, los abogados tienen que hacer alegaciones bajo este
fundamento y los tribunales tienen que utilizarlo para resolver, en lugar de
“ser positivistas” e interpretar el Derecho de forma restrictiva.
Soluciones
locales e internacionales
A nivel mundial, AI pide que se
ratifique la Corte Penal Internacional, se implementen medidas de rendición de
cuentas y se aprueben legislaciones concretas de protección a los defensores de
derechos humanos, quienes, han sido víctimas de persecución, torturas y
encarcelamiento ilegal en diversos países, según informó Irma Lugo, presidenta
de la Junta de Directores de AI-PR. La institución internacional reclama que se
contrarreste la brecha la justicia, garantizándole acceso a tribunales a las
víctimas de derechos humanos, y que éstas conozcan la verdad y consigan una
reparación efectiva. Lugo resaltó del Informe que los casos de racismo,
xenofobia, homofobia y misoginia son persistentes.
La organización, a nivel local,
solicitó al Gobierno que respete no sólo los derechos políticos y civiles, sino
también los sociales, económicos y culturales, y a sancionar a quienes cometan
abusos contra la ciudadanía, tanto desde el área gubernamental como desde
empresas privadas.
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