UPR: Estudiantes pagan poco pero Gobierno corta mucho

Por Oscar J. Serrano y Aura Colón Solá

La Administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR), sabe que la responsabilidad del Gobierno en la provocación de la crisis, manifestada en una huelga estudiantil y cierre administrativo que ya va para dos meses, es mayor de la que han reconocido, según documentos internos de presidencia.

Esas fuentes también apuntan a que el cuerpo estudiantil de la UPR todavía aporta poco a sufragar sus costos, y que su administración central ha desatendido el deber de velar por la salud financiera de la institución.

Los hallazgos fueron precisados en una investigación conjunta del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el colectivo de prensa estudiantil Desde Adentro (DA) que se basó en informes públicos, estadísticas federales, entrevistas a fuentes, y una serie de documentos de la presidencia.

La jefatura de la universidad sabe que el problema económico actual de la UPR está en que en la aprobación de la Ley 7 y en el cambió del cálculo del IVU, “no se hizo nada para proteger la UPR, como siempre”. Esta anotación aparece a manuscrito en un documento que, también a manuscrito, tiene el nombre del presidente de la UPR, “José R. de la Torre”.

Según una presentación que maneja la oficina del presidente, el año fiscal 2010 fue el año en que la UPR recibió la menor cantidad del Fondo General, o lo mismo que sólo 71 % de su presupuesto, de los últimos 15 años. A pesar de esto, todavía la administración no ha propuesto una salida al conflicto que incluya tratar de recuperar algunos de estos fondos públicos perdidos.

La misma presentación, calificada de “borrador” y llamada “Situación Fiscal de la UPR”, da cuenta de que en los últimos ocho años, lo más que ha recuperado la universidad de las Becas Pell pagadas a los estudiantes es el 34 %. Dicho de otra forma, los estudiantes que disfrutan de esta concesión federal se echan en el bolsillo entre el 66 y el 76 % de la beca después de pagar la matrícula y las cuotas.

Otro documento interno de presidencia obtenido por el CPI y DA califica a Triple S como el deudor más grande que tiene el Recinto de Ciencias Médicas y su Plan de Práctica Intramural. La deuda de Triple S por $9.9 millones existe a la vez que la UPR la tiene contratada para proveer el plan médico a empleados y estudiantes. La lista de deudores es un elemento adicional al ya conocido informe de auditoría interna de 2009 que calificó el cobro de cuentas en la UPR como “deficiente”. Tan sólo en ese programa, las deudas por cobrar entre 2006 y 2009 suman $37.6 millones, pero a nivel de todo el sistema, las deudas de las agencias públicas con la UPR han sido estimadas en $170 millones, mientras que las deudas de toda fuente, pública y privada, han sido estimadas en $240 millones.

La única propuesta conocida hasta ahora que reconoce que la solución a la crisis requerirá de todos los sectores es una que maneja públicamente el profesor, y asesor de la mayoría cameral, Carlos Colón de Armas, pero que es resultado del trabajo de profesores que representan a todo el espectro ideológico. Los ingredientes son: cuota especial a estudiantes de $100 por semestre, renuncia de ascensos y aumentos por parte de los profesores, reducción de gastos, y aportación de $150 millones del Gobierno.

Mientras esto sucede, otros datos revelan que la educación universitaria en Puerto Rico ya está, para todos los efectos prácticos, en manos privadas. El digesto de estadísticas de educación del National Center for Education Statistics, refleja que, entre 2000 y 2007, la cantidad de estudiantes que se matricularon en la UPR se redujo en 8.1 %. En ese mismo período, el cúmulo de centros universitarios privados que opera en el país experimentó un aumento de 32.3 % en la cantidad de estudiantes matriculados. El aumento de las privadas es cónsono con el aumento promedio en todo Estados Unidos que fue de 33.7 %, pero la reducción en la UPR contrasta dramáticamente con el promedio de estudiantes matriculados en las instituciones públicas a nivel de todos Estados Unidos que, en ese mismo período, registró un aumento de 14.8 %.

Gobierno juega con “la fórmula”

Tan reciente como este año, un estudio del catedrático asociado de la UPR John H. Stinson Fernández apuntó que las universidades públicas en Estados Unidos cubren sus costos y operación con, como mucho, un 35 por ciento de fondos públicos. Empero, la UPR cubre sus costos con un 90 % de fondos públicos. Esto provoca que los rotos más grandes en el presupuesto de la universidad se produzcan cuando el Gobierno trastoca las transferencias.

Para el próximo año fiscal, las modificaciones que la Administración Fortuño le hizo a los ingresos que cuentan para la UPR le costarán a la institución al menos $90 millones. Esto es sólo por lo relativo a la Ley 7 y los ingresos del IVU. Por créditos contributivos le costaría otros $19 millones, para un total de unos $110 millones.

Este juego del Gobierno con la fórmula de la UPR no es nuevo. En 1999, la Administración Rosselló quitó a la UPR parte de sus ingresos por las máquinas tragamonedas, lo que se restableció en 2005. Luego la Administración Acevedo Vilá también afectó los ingresos cuando cambió el arbitrio general por el IVU. Específicamente, y según datos del Departamento de Hacienda, los ingresos netos de la UPR por concepto de la fórmula de 9.6 % de recaudos del Fondo General se han erosionado por un millón de dólares desde el año 2008.

“No se hizo nada para proteger la UPR, como siempre” y “necesitamos lo q. redujiste en fórmula 38 millones”, son dos de las anotaciones en los documentos que evidencian la conciencia que hay en la jerarquía universitaria del efecto de estos movimientos. Otra nota que apunta en esta dirección es “La UPR es acreedora” al lado de una cita a una ley del 6 de agosto de 1992 que restableció a la UPR los fondos que dejó de recibir cuando los ingresos por impuestos a la propiedad fueron sacados del Fondo General para asignarlos al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Todo esto ha desembocado en que el 2010 fuera el año que menos ingresos llegaron a la UPR por concepto de fórmula (71 %) desde 1995, según la presentación marcada “borrador” en la que también se consigna que estos golpes se han “mitigado parcialmente” con otras asignaciones. Pero las medidas de “mitigación” son precarias ya que, por ejemplo, para el año fiscal 2010-2011 habrá una reducción de $90 millones en los fondos ARRA asignados a la UPR.

A pesar de esto, ni los documentos internos ni las expresiones de la jerarquía universitaria en la mesa de negociación reflejan un intento por exigir el restablecimiento de estas asignaciones. Una presentación titulada “Plan Reducción Déficit Presupuestario” incluye como fichas la reducción de gastos, la cuota especial para los estudiantes, la eliminación del exceso de días por enfermedad, la reducción salarial, la eliminación de los bonos de Navidad y el Especial, la reducción en la aportación al Sistema de Retiro, y la reducción del Plan Médico, pero nada de restablecer la aportación del Gobierno.

La UPR no es la única institución universitaria pública que enfrenta retos presupuestarios en Estados Unidos. Al evaluar estos retos, la publicación especializada The Chronicle of Higher Education anotó en un artículo de septiembre de 2009 que “la educación universitaria americana tiene menos grasa de lo que algunos creen, como tal, los síndicos y administradores sabios deben cortar quirúrgicamente con un escalpelo en vez de agresivamente con un hacha”.

¿Y qué si se saca más de la Pell?

Desde el comienzo de la huelga estudiantil el pasado abril, el presidente de la UPR y la presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, se han enfocado en la Beca Pell como si eso diera para resolver el problema, mientras que los estudiantes la han defendido de cualquier aumento bajo el argumento de que les cerraría las puertas de la universidad pública.

Los datos recopilados, sin embargo, ponen en evidencia puntos débiles en la postura de ambos sectores.

Según cálculos consignados en documentos internos de la administración, la “UPR sólo captura alrededor del 30% de esos fondos”, en referencia a la Beca Pell. En números reales, y según estadísticas federales, el promedio de pago por beca más alto que tiene todo el sistema son los $3,807 que recibe Arecibo. De estos, la UPR recibiría en promedio $1,142 y el estudiante se queda con $2,665 sin restricciones de gastos. En su informe, el profesor Stinson nota que la UPR “es el sistema universitario dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, y que ofrece un programa completo al nivel subgraduado... cuyo costo de matrícula por crédito es el más barato”, lo cual respaldan las estadísticas del College Board en las que la UPR resalta como la única universidad pública que cobra menos de $2,000 en matrícula y cuotas.

“Hasta donde yo sé, es la única universidad dentro de todo el sistema americano que, luego de pagar la matrícula, le sobra dinero a los estudiantes”, comentó Colón de Armas, cuya propuesta incluye una cuota especial de $100 por estudiante, por semestre, en vez de los entre $400 y $700 que pretende la administración. El profesor subrayó que el análisis de matrícula, gastos de estudio, y perfil económico de los estudiantes tiene una complejidad que no se puede atender en el escenario actual de desconfianza entre estudiantes y administradores.

Parte de esa complejidad es que, debido a su nivel de ingresos bajos, esta beca llega a una proporción mayor de estudiantes en Puerto Rico que lo que lo hace en Estados Unidos. En general, allá 27% de los estudiantes recibieron beca por aproximadamente $2,600, mientras que acá, los recintos de la UPR tienen a entre 55 y 88% de sus estudiantes con beca y recibiendo entre $1,957 y $3,807.

Otra forma de verlo es con el costo de vida del estudiante, un cálculo que hace el National Center for Education Statistics y que incluye no sólo los gastos de matrícula sino también libros, hospedaje y otros. El estimado de ese costo para el recinto de Río Piedras es $13,550 lo que, al aplicársele el promedio de beca concedido, apunta a que la beca cubre el 25% de los costos de vida. Por su parte, en las universidades de Louisiana State (LS) y University of Rhode Island (URI) en Estados Unidos, estándares comparativos utilizados por la UPR en sus anuncios publicitarios, los estudiantes reciben una cantidad similar en beca Pell que los estudiantes en Puerto Rico (alrededor de $3 mil), lo cual cubre el 19% y 12%, respectivamente, de los costos de vida en dichos recintos. 

Aún con este cuadro de captación bajita, los mismos documentos de presidencia delatan que echar mano de ese sobrante de la beca ni siquiera comienza a resolver el problema ya que la matrícula y cuotas sólo representa actualmente el 8% de la UPR y lo más que ha representado en los últimos 15 años ha sido 11% en el 1997. Para ilustrar las proporciones, una cuota especial de $500 por semestre sumaría $50 millones al pote de la UPR, pero cobrar las deudas tan solo de Ciencias Médicas dejaría $37.6 millones, según un desglose que incluye entre los deudores millonarios a Triple S, Medical Card System, Humana Health, la ACAA, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, MMM Healthcare, y Medicare.

Además, cifras de The Chronicle oh Higher Education revelan que, en los últimos 10 años la matrícula de la UPR ya ha tenido el porciento de aumento más alto, en comparación con las principales universidades privadas. De 1999 a 2009, el costo de matrícula en Río Piedras subió 62% ($1,120 a $1,812), mientras que en la Universidad Metropolitana subió 60% ($3,084 a $4,924), en el recinto Metro de la Universidad Interamericana subió 47% ($3,666 a $5,406), y en la Universidad del Sagrado Corazón subió 37% ($4,280 a $5,870).

Un análisis del ritmo de aumento en los recintos de la UPR apunta a que la tendencia es subir las aportaciones de los estudiantes en los recintos que se componen, en su mayoría, de universitarios de bajos ingresos que, como consecuencia, reciben una porción mayor de la beca. Por ejemplo, después de Carolina, los recintos de Utuado, Aguadilla y Ponce son los más que han subido los costos de estudio en los últimos 10 años por $840, $837 y $836, respectivamente. En Aguadilla 88% de los estudiantes reciben beca Pell, en Utuado un 87% y en Ponce un 84%.

Una islita pública en un océano de instituciones privadas

A pesar de la distancia tan amplia que reflejan los costos de estudiar en la UPR en comparación con los costos de estudiar en una institución privada, las estadísticas reflejan que estas últimas han adquirido una tendencia de aumento en la cantidad de estudiantes matriculados mientras que la UPR ha adquirido una tendencia de reducción en la cantidad de estudiantes.

Los datos federales indican que, en el 2008, la UPR capturó un 34% de los nuevos matriculados, mientras que las universidades privadas capturaron el 66%. A nivel de todo Estados Unidos, la conducta fue la contraria, el 74% de los estudiantes fueron a una institución pública mientras que el 26% fue a una privada.

Específicamente en el contexto de la huelga/cierre actual, el CPI y DA han confirmado que varias instituciones privadas han experimentado una ola de solicitudes de ingreso o traslado mayor a la de otros años. La diferencia no sólo es en cantidad sino también en calidad de estudiante. Mientras que usualmente los estudiantes con mejor promedio de escuela superior y desempeño en exámenes especializados solían tener a la UPR como primera opción, en algunas instituciones privadas se ha confirmado un aumento en la cantidad de estudiantes de ese tipo que solicitan ingreso a sus programas.

Colón de Armas y otros profesores consultados para esta historia advirtieron, sin embargo, que esta aparente reducción de matrícula puede responder a que la UPR da mayor énfasis a los programas de investigación.

¿Cierre o sacrificio de todos?

Durante el conflicto, la administración se ha manejado entre dos estrategias para lidiar con la crisis presupuestaria.

Primero, recortes que ascienden a $70 millones, la imposición de una cuota estudiantil de $500-$650 semestrales, la liquidación total de los días por enfermedad y bonos especiales, 5% de reducción en salarios, la rebaja en 50% del bono de navidad, una baja significativa de las aportaciones al sistema de retiro y una congelación de las aportaciones al plan médico. Esta alternativa impone la carga económica sobre los hombros de los estudiantes y los empleados, pero aún así no logra subsanar el déficit.

Segundo, un cierre institucional que por ahora es sólo hasta el 31 de julio pero cuya posible prolongación ha sido por lo menos objeto de un cálculo matemático en la oficina del Presidente, según está reflejado en uno de los documentos obtenidos.

Aunque la opción del cierre total sólo ha sido atribuida a fuentes, estos documentos de la oficina del presidente de la UPR, hacen la matemática. El documento en manuscrito se titula “cierre sin paga”, y expone que la UPR “tiene” para el año fiscal 2010-2011 $895 millones y gasta $800 millones en nómina.

Tras restar los $800 millones en nómina, quedan $95 millones a los que se le restan $55 millones “para pagar deuda”. Al final, aplica $85 millones por ahorros en correo, energía eléctrica, agua, luz, y teléfono, para quedar con un aparente sobrante contable de $45 millones.

Ambos escenarios contrastan con la alternativa de los profesores, que está actualmente en circulación entre los sectores de la comunidad y que concluye que “un déficit presupuestario de $240 millones, unido a una deficiencia de efectivo de $40 millones, no pueden cubrirse razonablemente con una sola fuente de recursos”. CPI y DA supieron que tanto estudiantes como profesores han comentado esta propuesta y la consideran una alternativa viable, aún cuando dos grupos de profesores dijeron a los medios la semana pasada que la rechazaban.

Todavía no se conoce la postura de la administración universitaria, que no contestó una solicitud de entrevista para esta historia. Lo que sí se sabe es que la jerarquía de la UPR sigue añadiendo horas a la factura del bufete McConnell Valdés, en donde se redactan los proyectos legislativos de La Fortaleza y en donde figura como socio el administrador del fideicomiso del matrimonio Fortuño-Vela. Los documentos de presidencia confirman cuál fue uno de los criterios para escoger a McConnell y descartar al bufete anterior. En una hoja titulada “Reunión equipo de trabajo de la Presidencia”, el punto 2 es cambiar el caso legal al licenciado Raúl Arias Marxuach, de McConnell. “Total confianza de la Administración”, dice debajo del nombre del abogado.