Por Aura Colón Solá
El Comité Especial de Presupuesto, creado por la
Rectora Ana Guadalupe, para buscar soluciones a la crisis fiscal de la
Universidad de Puerto Rico y, en específico, al Recinto de Río Piedras publicó
su informe el pasado mes de febrero en el cual hacen recomendaciones sumamente
controversiales, aunque no novedosas.
La consolidación o cierre de Recintos, como los de
Bayamón y Carolina, está dentro de las recomendaciones hechas en el blog abierto a la comunidad universitaria y se propone como
medida para aumentar la matrícula e ingresos del Recinto de Río Piedras.
No obstante, la congelación de salarios, la reducción de salarios a los empleados
de administración central, una reorganización masiva del Recinto de Río
Piedras, el ofrecimiento de cursos sin paga, ventanas de jubilación y varias
medidas para ahorro energético componen el grueso del informe propio del Comité.
Por su parte, la miembra del Senado Académico y
profesora de la Escuela de Derecho, Ana Matanzo, explicó que “esto no es nada
nuevo”. Este informe, sostiene Matanzo, se realizó durante el proceso de
acreditación para cumplir con el estándar #3 sobre recursos institucionales, se
presentó en el senado académico y se sometió a la Middle States en marzo como
parte del informe que dicha agencia acreditadota solicitó. Sobre la
consolidación o cierre de Recintos, Matanzo mencionó que “[el Recinto de] Río
Piedras no puede hacer eso. Lo más que puede hacer es recomendarlo a la
administración central”.
Desde Adentro solicitó una reacción de la Junta de
Síndicos sobre el particular y el síndico estudiantil, René Vargas, sostuvo que
“ésta es la postura y recomendaciones del Comité que creó la Rectora del
recinto de Río Piedras. De ninguna manera debe confundirse con la postura
institucional”. Incluso, mencionó que el informe no se ha discutido en la Junta
de Síndicos.
Este informe, que ha causado revuelo en el Recinto
riopedrense por el desconocimiento del mismo, no ocurre en el vacío. Miembros
del Senado Académico confirmaron que la Rectora aseguró que algunas de estas
medidas se podrían poner en vigor tan pronto como el próximo mes de octubre.
Por su parte, el informe del Comité Asesor del Gobernador sobre el futuro de la
UPR, creado el pasado viernes, rendirá su informe en agosto de este año y miembros de la comunidad universitaria esperan sugerencias similares.
Entre las medidas recomendadas se encuentra, además,
la utilización los recursos humanos de la UPR para brindar
servicios a bajo costo a la comunidad y asesoría gubernamental. Con esta
sugerencia, el Comité propone competir con el sector privado para contratos
gubernamentales y proyecta un ingreso de $15 millones para el Recinto
riopedrense. Esta medida, advierten, estaría condicionada a la aprobación de
una ley que permita la consultoría por parte de la UPR a las agencias de
gobierno.
En su conclusión, el informe exhorta a
la Rectora a consultar estas recomendaciones con la comunidad universitaria
antes de tomar cualquier determinación.
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