19 de diciembre de 2010

En la cuerda floja los derechos en la UPR


RESUMEN DE LA ACLU SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE DERECHOS EN PUERTO RICO Y EL PAPEL QUE JUEGAN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN EL DISCURSO DE REPRESIÓN

Acceda el documento original de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) aquí.
Foto/Archivo
El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, ha bajado los portones de la Universidad de Puerto Rico y ha ordenado a oficiales armados de policía al recinto de Río Piedras de la UPR (recinto principal) para asegurar desde entonces que no habrá ningún "activismo político de izquierda" en el recinto, y para detener cualquier intento de llamada a paro o huelga por parte del estudiantado. Los estudiantes de la UPR llamaron a un paro de dos días, el cual terminó el miércoles, 8 de diciembre 2010, para protestar en contra de un alza arbitraria de cuotas y otros asuntos administrativos relacionados. El paro fue una continuación de la huelga general anterior [21-abril-2010 a 21-junio-2010]. La semana pasada, Marcos Rodríguez Ema, Secretario de la Gobernación (Fortaleza), en una entrevista en vivo por televisión, dijo  que removería a la fuerza cualquier persona que se atreviera a protestar en la UPR; dijo que los “sacaría a patadas” del recinto.

Policía toma fotos a manifestantes.
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Solo unos días antes, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico anunció que estarían desmantelando la muy controversial Fuerza de Choque de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía de Puerto Rico como respuesta a las preocupaciones por parte del Departamento de Justicia federal (DOJ por sus siglas en inglés) que podría llevarse a juicio bajo las leyes de “Pattern or Practice” (patrón o práctica). La ACLU ha estado sometiendo querellas con el DOJ por los últimos tres años y se ha reunido con el DOJ en Puerto Rico y Washington, D.C. con respecto a la violencia policiaca continua y su práctica de “profiling” o recopilación de información sobre civiles.
El pasado martes, 7 de diciembre de 2010 (el primer día del paro de dos días), la administración universitaria contrató Capital Security, una compañía de seguridad privada compuesta por jóvenes sin licencias y sin el debido entrenamiento, para servir de seguridad dentro del recinto. Estos jóvenes fueron reclutados de las calles para controlar los estudiantes en protesta. De inmediato, hubo confrontaciones violentas; muchos de los supuestos “empleados de seguridad” llegaron con palos de madera “2x4”, cargando con cuchillas y garrotes, y portándose como maleantes. Al ser entrevistados por la prensa, algunos “guardias de seguridad” admitieron que no tienen ni experiencia ni adiestramiento y que su única experiencia ha sido “meter palos”. La única diferencia entre sus comunidades y el trabajo en la UPR era que en la UPR les pagaban por hacerlo. Esta fuerza de seguridad privada suponía reemplazar al uso controversial de la fuerza de choque, pero ha resultado ser más violenta.  http://www.elnuevodia.com/videos-megustadarcantazos-191847.html
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Existe bastante evidencia que sugiere que los eventos violentos que ocurrieron durante el paro de 48 horas, que fue alegadamente instigado fuera de los portones por parte los estudiantes encapuchados, era realmente el trabajo de agentes ocultos - “guardias de seguridad” pagados. El gobierno ha categorizado la acción por parte de los estudiantes en protesta (obstaculizar las aulas) como actos de terrorismo.
Ayer por primera vez en veintinueve años, el Gobernador Fortuño ordenó la entrada al recinto de las fuerzas policíacas, alegadamente como consecuencia de dichos actos de violencia y terrorismo fuera de los portones del recinto. Las normas de la universidad prohíben la entrada de fuerzas armadas al recinto y agentes de la policía estatal deben permanecer fuera de los portones, pues la UPR tiene su propia fuerza de seguridad interna. La UPR tiene una larga historia de violencia extrema por parte de la Policía, lo cual ha llevado a la mutilación y muerte de estudiantes universitarios.
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El Gobernador Fortuño ha prohibido absolutamente cualquier protesta, declarando que las protestas se pueden llevar acabo fuera pero no dentro del recinto de Río Piedras. Específicamente, le ha hecho una llamada a la Policía a no permitir el activismo “izquierdista” dentro del recinto. 
En adición a esto, la administración universitaria  intenta cerrar o “apagar” Radio Universidad, la estación pública radial en la banda FM de la UPR, pues constituye una fuente para el análisis imparcial de noticias, política y actualidades. Quieren llevar acabo este cierre por un periodo de tres meses mientras las controversias de la universidad se desenlazan. 

Las administración de la UPR contempla una petición ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) para permitir que el Gobierno de Puerto Rico establezca un periodo de silencio. Empleados de Radio Universidad han peticionado a la ACLU y se han reunido en nuestras oficinas para expresar las preocupaciones de que el gobierno busca acallar la disidencia; esto fue intentado anteriormente durante el último paro estudiantil. Los empleados de Radio Universidad creen que el cierre  [temporero] de la estación es un intento de anular la libertad de expresión y es un acto de censura previa.
Los empleados de Radio Universidad también protestan la censura de una entrevista de un oficial universitario de rango alto. La entrevista contenía 9 preguntas; las mismas preguntas hechas por otros medios públicos. El Gerente de la estación, sin embargo, creía que la entrevista contenía material inaceptablemente hostil hacia el oficial universitario.
Fuerza de Choque. Foto/Archivo
En el recinto de Bayamón, participantes de una asamblea estudiantil, por unanimidad, aprobaron una resolución para llevar el asunto a la ACLU para revisión legal y asesoría. La ACLU se enteró de esta resolución a través de un artículo publicado el miércoles, ya que a la hora de redactar este comunicado, no se ha presentado ningún representante estudiantil.
Esto es lo más reciente de muchos eventos que ilustran los tiempos que viven los ciudadanos de Puerto Rico desde que entró la nueva administración gubernamental. Parece haber un esfuerzo concertado por el gobierno de desmantelar cualquier apariencia de disidencia. El gobierno ha comenzado una campaña ideológica para suprimir cualquier obstáculo a su agenda política mediante la aplicación de tácticas de la guerra fría que evocan recuerdos de los años ‘60 y ‘70. Sus víctimas más vulnerables son los derechos garantizados por la primera, cuarta, y quinta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico, y los documentos de los derechos humanos internacionales.

William Ramírez
Director Ejecutivo
American Civil Liberties Union
Capítulo Nacional de Puerto Rico

*Traducción por Regina Rodríguez Manzanet.

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