RESUMEN DE LA ACLU SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE DERECHOS EN PUERTO RICO Y
EL PAPEL QUE JUEGAN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN EL DISCURSO DE REPRESIÓN
Acceda el documento original de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) aquí.
 |
| Foto/Archivo |
El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, ha
bajado los portones de la Universidad de Puerto Rico y ha ordenado a oficiales
armados de policía al recinto de Río Piedras de la UPR (recinto principal) para
asegurar desde entonces que no habrá ningún "activismo político de
izquierda" en el recinto, y para detener cualquier intento de llamada a
paro o huelga por parte del estudiantado. Los estudiantes de la UPR llamaron a
un paro de dos días, el cual terminó el miércoles, 8 de diciembre 2010, para
protestar en contra de un alza arbitraria de cuotas y otros asuntos
administrativos relacionados. El paro fue una continuación de la huelga general
anterior [21-abril-2010 a 21-junio-2010]. La semana pasada, Marcos Rodríguez
Ema, Secretario de la Gobernación (Fortaleza), en una entrevista en vivo por
televisión, dijo que removería a
la fuerza cualquier persona que se atreviera a protestar en la UPR; dijo que
los “sacaría a patadas” del recinto.
 |
| Policía toma fotos a manifestantes. Foto/Archivo |
Solo unos días antes, el Superintendente de la
Policía de Puerto Rico anunció que estarían desmantelando la muy controversial
Fuerza de Choque de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía de Puerto
Rico como respuesta a las preocupaciones por parte del Departamento de Justicia
federal (DOJ por sus siglas en inglés) que
podría llevarse a juicio bajo las leyes de “Pattern or Practice” (patrón o
práctica). La ACLU ha estado sometiendo querellas con el DOJ por los últimos
tres años y se ha reunido con el DOJ en Puerto Rico y Washington, D.C. con
respecto a la violencia policiaca continua y su práctica de “profiling” o recopilación
de información sobre civiles.
El pasado martes, 7 de diciembre de 2010 (el primer
día del paro de dos días), la administración universitaria contrató Capital
Security, una compañía de seguridad privada compuesta por jóvenes sin licencias
y sin el debido entrenamiento, para servir de seguridad dentro del recinto.
Estos jóvenes fueron reclutados de las calles para controlar los estudiantes en
protesta. De inmediato, hubo confrontaciones violentas; muchos de los supuestos
“empleados de seguridad” llegaron con palos de madera “2x4”, cargando con
cuchillas y garrotes, y portándose como maleantes. Al ser entrevistados por la
prensa, algunos “guardias de seguridad” admitieron que no tienen ni experiencia
ni adiestramiento y que su única experiencia ha sido “meter palos”. La única
diferencia entre sus comunidades y el trabajo en la UPR era que en la UPR les
pagaban por hacerlo. Esta fuerza de seguridad privada suponía reemplazar al uso
controversial de la fuerza de choque, pero ha resultado ser más violenta. http://www.elnuevodia.com/videos-megustadarcantazos-191847.html
 |
| Foto/Archivo |
Existe bastante evidencia que sugiere que los
eventos violentos que ocurrieron durante el paro de 48 horas, que fue
alegadamente instigado fuera de los portones por parte los estudiantes
encapuchados, era realmente el trabajo de agentes ocultos - “guardias de
seguridad” pagados. El gobierno ha categorizado la acción por parte de los
estudiantes en protesta (obstaculizar las aulas) como actos de terrorismo.
Ayer por primera vez en veintinueve años, el
Gobernador Fortuño ordenó la entrada al recinto de las fuerzas policíacas,
alegadamente como consecuencia de dichos actos de violencia y terrorismo fuera
de los portones del recinto. Las normas de la universidad prohíben la entrada
de fuerzas armadas al recinto y agentes de la policía estatal deben permanecer
fuera de los portones, pues la UPR tiene su propia fuerza de seguridad interna.
La UPR tiene una larga historia de violencia extrema por parte de la Policía,
lo cual ha llevado a la mutilación y muerte de estudiantes universitarios.
 |
| Foto/Archivo |
El Gobernador Fortuño ha prohibido absolutamente
cualquier protesta, declarando que las protestas se pueden llevar acabo fuera
pero no dentro del recinto de Río Piedras. Específicamente, le ha hecho una
llamada a la Policía a no permitir el activismo “izquierdista” dentro del
recinto.
En adición a esto, la administración universitaria intenta cerrar o “apagar” Radio
Universidad, la estación pública radial en la banda FM de la UPR, pues
constituye una fuente para el análisis imparcial de noticias, política y
actualidades. Quieren llevar acabo este cierre por un periodo de tres meses
mientras las controversias de la universidad se desenlazan.
Las administración
de la UPR contempla una petición ante la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC por sus siglas en inglés) para permitir que el Gobierno de Puerto Rico
establezca un periodo de silencio. Empleados de Radio Universidad han
peticionado a la ACLU y se han reunido en nuestras oficinas para expresar las
preocupaciones de que el gobierno busca acallar la disidencia; esto fue
intentado anteriormente durante el último paro estudiantil. Los empleados de
Radio Universidad creen que el cierre
[temporero] de la estación es un intento de anular la libertad de
expresión y es un acto de censura previa.
Los empleados de Radio Universidad también protestan
la censura de una entrevista de un oficial universitario de rango alto. La
entrevista contenía 9 preguntas; las mismas preguntas hechas por otros medios
públicos. El Gerente de la estación, sin embargo, creía que la entrevista
contenía material inaceptablemente hostil hacia el oficial universitario.
 |
| Fuerza de Choque. Foto/Archivo |
En el recinto de Bayamón,
participantes de una asamblea estudiantil, por unanimidad, aprobaron una
resolución para llevar el asunto a la ACLU para revisión legal y asesoría. La
ACLU se enteró de esta resolución a través de un artículo publicado el
miércoles, ya que a la hora de redactar este comunicado, no se ha presentado
ningún representante estudiantil.
Esto es lo más reciente de muchos eventos que
ilustran los tiempos que viven los ciudadanos de Puerto Rico desde que entró la
nueva administración gubernamental. Parece haber un esfuerzo concertado por el
gobierno de desmantelar cualquier apariencia de disidencia. El gobierno ha
comenzado una campaña ideológica para suprimir cualquier obstáculo a su agenda
política mediante la aplicación de tácticas de la guerra fría que evocan
recuerdos de los años ‘60 y ‘70. Sus víctimas más vulnerables son los derechos
garantizados por la primera, cuarta, y quinta enmienda a la Constitución de los
Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico, y los documentos de los
derechos humanos internacionales.
William
Ramírez
Director
Ejecutivo
American
Civil Liberties Union
Capítulo
Nacional de Puerto Rico
*Traducción por Regina Rodríguez Manzanet.
No hay comentarios:
Publicar un comentario