Por Aura Colón Solá
“Aumentar el
costo de matrícula, más allá de lo programado por la UPR, no es una opción
viable bajo los parámetros de SFSF (State Fiscal Stabilization Fund), que
obligan a usar los recursos del ARRA para mitigar dichas alzas y no resolvería
la situación”, lee un extracto de una carta a la Coordinadora de los fondos
ARRA en Puerto Rico, Cristina Custodio, firmada por Ygrí Rivera, entre otras
personas el 4 de abril de 2009.
Éste y otros
documentos, que evidencian incongruencias en las expresiones de la administración,
fueron entregados a la prensa para constatar “la realidad en la mesa de
negociaciones”. Vea la presentación de los estudiantes aquí.
Los
estudiantes afirmaron que la acción de subir los costos de estudio iría en
contra del “espíritu de la legislación de los fondos ARRA (American Recovery and Reinvestment Act) que pretende aliviar
la crisis y no tener que despedir y subir costos”. Lo evidenciaron con una
carta del ex Presidente de la UPR, Antonio García Padilla, al gobernador Luis
Fortuño, el pasado 13 de marzo de 2009, en la cual se identificó que la UPR
sufriría una reducción presupuestaria por la disminución en los recaudos del
Estado y la legislación reciente que excluye de la fórmula de la UPR los
recaudos del IVU. Con este motivo, la UPR le solicitó al gobernador la
asignación de casi $300 millones en fondos ARRA para aliviar el déficit
universitario y no recurrir a un alza de matrícula.
“Esta carta es
evidencia clara de dos cosas, primero, que la administración conocía desde hace
un año del déficit presupuestario, y segundo, que aún conociendo esto, un alza
en los costos de estudio no resolvería el problema presupuestario”, sostuvo
Giovanni Roberto, representante de Río Piedras en el CNN.
Los
estudiantes dejaron claro que su posición es garantizar que no se implante un
alza mayor al 4% anual ya vigente. Desde el año 2007, a través de la
Certificación 60, se estableció un alza escalonada que le garantizaba a todo
estudiante que el pago de su matrícula “se mantendrá inalterado a lo largo de
su carrera, sin ajustes adicionales”, lee una carta circular del ex Presidente
García Padilla.
“El que la
administración universitaria esté planteando un alza en los costos de estudio,
es una clara contradicción con su garantía y compromiso institucional”,
denunció Shirley Rosado, representante de Ponce en el CNN.
El CNN dejó
claro que cualquier aumento “sería inaceptable” porque afectaría la
accesibilidad y cambiaría el perfil socio-económico de la universidad. De la
misma manera, se pronunciaron en contra de una cuota de “emergencia fiscal”
pues sería el equivalente a un alza en matrícula.
En el año 2005
la matrícula en la UPR subió un 33% y desde el 2007 aumenta escalonadamente 4%
anual hasta el 2014. Actualmente los estudiantes pagan $30 para una cuota de
mantenimiento y $25 para una cuota de tecnología, por encima del alza
escalonada.
“El alza es
para pagarle a los prestamistas”, enfatizó Roberto al exponer que el secretario
de la Junta de Síndicos, Luis M. Villaronga, admitió en la mesa de
negociaciones que el propósito tras el aumento en los costos de estudio es
saldar la deuda.
Los miembros del
CNN denunciaron, además, la campaña publicitaria de la administración, la
manipulación de datos y la alteración a la propuesta preliminar publicada en
varios rotativos el pasado 29 de mayo y expuesta por DESDE ADENTRO ayer,
domingo 30 de mayo.
“Si ellos se
refieren en la prensa a este documento como un acuerdo, queremos que lo firmen
cuando lleguemos hoy a la mesa de negociaciones. Que cumplan con su palabra”,
expuso Roberto.
Otro punto en el
que se concentrarán las negociaciones al día 39 de la huelga estudiantil es la
amenaza de sanciones al estudiantado.
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