Los gastos “misceláneos” de la UPR

Por Aura Colón Solá

Una costosa campaña publicitaria y lujosos contratos legales son los que han caracterizado a la administración central de la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante el proceso de huelga. Una investigación de DESDE ADENTRO, en la que se consultó a expertos en relaciones públicas y publicidad, informática, abogados y los datos publicados por la Oficina del Contralor, reveló manipulación de documentos y datos, anuncios engañosos, millonarios gastos legales, altos costos en seguridad y una larga lista de contratos.

“Tour” de medios

Sin lugar a dudas, la campaña publicitaria empleada por la administración de la UPR es considerable, pues se puede apreciar en todos los diarios, emisoras y canales televisivos del País. Entre pago de salarios, gastos de producción y las pautas de medios, la campaña de la UPR en los últimos cuatro días se encarama en los $125 mil, aproximadamente.

En los tres periódicos principales, se pueden apreciar en posición especial anuncios que expresan que los reclamos estudiantiles están resueltos y “sin embargo, continúan la huelga”. Según datos de los departamento de ventas de estos rotativos, un anuncio a página completa en blanco y negro cuesta más de $6 mil. No obstante, expertos en publicidad consideran que la UPR pudo haber pagado alrededor de $5 mil por estos anuncios, dado el trato preferencial que se le da a entidades gubernamentales. Con esta consideración, la suma asciende a $45 mil, puesto que la UPR publicó anuncios desde el jueves, 27 de mayo, hasta hoy domingo, 30 de mayo.

La campaña no se limita a la prensa escrita. El pasado jueves, el Pueblo pudo apreciar el mensaje del presidente José Ramón De la Torre en tres canales televisivos y escuchó anuncios del mismo en varias emisoras radiales durante el señalado día. Los estimados conservadores de tarifas de varias agencias publicitarias apuntan a que la producción y pauta de este mensaje televisivo asciende a $10 mil. Por su parte, las pautas radiales se estiman en $2 mil por emisora.

Pero, los exorbitantes costos en publicidad no son la única consideración, pues la manipulación de datos en dichos anuncios es un hecho preocupante, señaló el síndico estudiantil electo, René Vargas. Al comparar el documento original, suscrito por miembros del Comité Negociador de Río Piedras el 19 de abril, y el documento publicado por la administración universitaria en varios rotativos del día de ayer se hace evidente que éste se alteró. Compare con el documento original aquí.

Anuncio publicado por la administración el 29/5/2010

“Ese anuncio es un intento de engañar al pueblo de Puerto Rico. Al publicar un documento que es una propuesta como si fuera un acuerdo final, la intención es difamar a los líderes estudiantiles y no informar, como dice Iván Ríos [portavoz de prensa de la Universidad]. Si la intención fuese informar, no alterarían el documento y les consta que todavía no hay acuerdos”, sostuvo Vargas.

Sobre los altos costos de la campaña publicitaria, expresó que “ellos [la Administración] gastan miles de dólares en fondos públicos para esta estrategia. Esto refleja el problema que tienen en la administración de recursos, en vez de utilizarlos para palear el déficit”.

Del mismo modo, es incongruente el uso de esta propuesta con lo expuesto por el anuncio, pues en el texto del mismo se hace referencia a 17 acuerdos suscritos el 8 de mayo de 2010, días antes de la asamblea general en el Recinto de Río Piedras. En dicha asamblea, sólo se presentaron los entendidos con relación a la Certificación 98, pues el resto de los reclamos estudiantiles estaban por discutirse.

La administración ha sostenido que la petición de dar una amnistía en el tema de las sanciones es algo nuevo, que se trajo después de la Certificación 128 para trancar las negociaciones. Este argumento se derrota al publicar la copia de la carta enviada por los estudiantes el 19 de abril, que señala: "exigimos que se elimine cualquier tipo de sanción disciplinaria contra el estudiantado que ha participado y participará de las acciones concertadas, que han sucedido en semanas pasadas y que sucederán durante esta semana y semanas posteriores, de no lograr acuerdos satisfactorios".

La carta del 19 de abril también pide que se desista de la utilización de la Policía como instrumento disuasivo, propuesta que el gobernador Luis Fortuño presentó la semana pasada, tras conocerse que se han gastado $1.5 millones en horas extras como resultado de la presencia policíaca en el Recinto de Río Piedras.

Estos gastos en publicidad de los últimos cuatro días sobrepasan lo propuesto por De la Torre en el presupuesto asignado para el año académico 2009-10. En el ejercicio de presupuesto, publicado a principios de año, asigna a anuncios y pautas en los medios un total de $5,250 para el sistema de la UPR. Inclusive, los recortes propuestos por el mismo presidente dejaban a varios recintos sin partida de gastos para publicidad.

Se impone el pago de costas y honorarios…

La representación legal de la administración de la UPR es notoria desde los comienzos de la huelga. Una demanda de injunction, entre otros remedios, mociones, vistas, reuniones, investigaciones y costas son los gastos en los que incurre la institución universitaria a la vez que participa de un proceso de negociación al que también comparecen varios abogados.

Informes del Contralor indican que, en lo que va de año, la administración central de la UPR ha gastado $120 mil en servicios legales, cifra que llega a los $2 millones en un año (2009-10). El Contralor señala, además, que dichos contratos tienen vigencia hasta finales del mes de junio, pero no se incluyen contratos recientes, como el firmado con el bufete McConnell Valdés para el caso contra los estudiantes.

Hasta el pasado 25 de mayo, el bufete predilecto de la universidad fue Pietrantoni Méndez & Álvarez, sustituido repentinamente por McConnell Valdés, a través de los abogados y socios de capital, Raúl Arias Marxuach y Maralyssa Álvarez Sánchez.

Fuentes en McConell informan que la tarifa regular de estos abogados fluctúa entre los $300 a $350 por hora. Aunque la UPR podría obtener una tarifa especial, ésta cuenta con una oficina de asuntos legales que, según la página de Internet creada para la transición de presidencia, http://hoy.upr.edu/, “es responsable de asumir la representación legal de la Universidad, los Recintos, los Síndicos, el Presidente, los Rectores, los Decanos y cualquier otro funcionario universitario que haya sido incluido como parte demandada en todo pleito presentado ante cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico o ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico”.

Según publicado por DESDE ADENTRO, el grupo McConnell ha sido señalado como el artífice de la política pública del gobierno de Luis Fortuño. Abogados y ex abogados del bufete han participado en el desarrollo de legislación, en el cabildeo para medidas y en proyectos como el de la llamada Reforma Contributiva. En los últimos días, uno de los socios del bufete, Arturo García Solá, quien maneja el fideicomiso de Fortuño y su esposa Lucé Vela, ha estado en la mira pública por buscar posicionar a una de las compañías interesadas en que se apruebe la ley sobre la videolotería. García Solá fue consejero de Fortuño en sus comités de transición y de selección del gabinete del gobernador, según el portal de la firma: www.mcvpr.com.

Gastos “misceláneos”

Los gastos de publicidad y representación legal no son los únicos en los que la administración central de la UPR ha incurrido. El pasado 13 de mayo, se celebró la Asamblea General de Estudiantes en el Centro de Convenciones, a un costo de casi $4 mil. Esta tarifa no incluye el precio de electricidad, aire acondicionado, sonido, luces, sillas, seguridad, personal médico y de limpieza, entre otros. DESDE ADENTRO supo el día de la asamblea que el equipo de sonido, prestado por la compañía Xtreme Sound, costó $2 mil.

Asimismo, sólo en Administración Central, los costos en personal de seguridad a través de la compañía Capitol Security Police ascienden a $52,500 por seis meses de servicio.

En sólo un año, Administración Central suscribió más de 500 contratos en diversas áreas. No obstante, a través de la página electrónica de la UPR no se pudo adquirir más información dado que sólo están disponibles los datos financieros hasta el año 2007, contrario a lo expuesto por la administración en su anuncio del viernes, donde se afirma que los libros de finanzas de la UPR están disponibles en la Internet.


Se intentó obtener una reacción de la administración pero no fue posible. 

* En este reportaje colaboró Mariana Muñiz Lara. Las fuentes citadas solicitaron permanecer anónimas.