por Mariana Muñiz Lara
La mayoría asociada con el partido político del gobierno de turno del Tribunal Supremo acogió hoy el recurso de certificación en auxilio de jurisdicción presentado por la Universidad de Puerto Rico para revisar la determinación de que el receso académico y administrativo decretado la semana pasada por la rectora interina Ana Guadalupe es ilegal, que dictó el juez superior José Negrón Fernández, al conceder el interdicto preliminar solicitado por los estudiantes Fernando Moreno Orama y Jorge Farinacci Fernós.
La mayoría asociada con el partido político del gobierno de turno del Tribunal Supremo acogió hoy el recurso de certificación en auxilio de jurisdicción presentado por la Universidad de Puerto Rico para revisar la determinación de que el receso académico y administrativo decretado la semana pasada por la rectora interina Ana Guadalupe es ilegal, que dictó el juez superior José Negrón Fernández, al conceder el interdicto preliminar solicitado por los estudiantes Fernando Moreno Orama y Jorge Farinacci Fernós.
La decisión de ver el recurso, que alega que el estudiantado está llevando a cabo acciones violentas para paralizar la operación de la Universidad, fue avalada por los jueces Efraín Rivera Pérez, Eric Kolthoff, Mildred Pabón Charneco y Rafael Martínez Torres. Las juezas Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez disintieron, explicando que la orden de Negrón Fernández “no tiene el nefasto alcance que los peticionarios [UPR] alegan” y que la orden sólo adjudicó –correctamente- la validez del receso decretado por la Rectora. Mientras, el juez presidente Federico Hernández Denton se inhibió.
La esposa de Hernández Denton, Isabel Picó, es miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad. Asimismo, uno de los abogados del bufete Pietrantoni Méndez & Álvarez que firman la solicitud de la Universidad, Anthony Guadalupe, fue oficial jurídico de Hernández Denton hasta hace pocos meses. Durante la huelga del año 2005, siendo estudiante de Derecho, este abogado también presentó un interdicto contra la Universidad para que se abrieran los portones.
De otro lado, en sus tiempos de estudiante, Martínez Torres participó en paros universitarios y escribió artículos jurídicos defendiendo la libertad de expresión de los y las estudiantes dentro del campus universitario. En su texto "La Primera Enmienda se va de la Universidad de Puerto Rico: Restricciones Absolutas a los Derechos de Expresión", publicado en la Revista Jurídica de la UPR en 1983, el hoy juez del Supremo manifiesta: “Esperamos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no pierda de vista que la mejor manera de salvaguardar el orden en las universidades y en las escuelas públicas es sosteniendo el mandato constitucional: libre expresión para todos”.
Por su parte, Farinacci Fernós indicó que esto no afecta la continuación de la huelga, que es un ejercicio legítimo de libertad de expresión. “Con portones o sin portones cerrados, los estudiantes van a estar ahí adentro manifestándose. Vamos a permanecer en el Recinto y exhortamos a nuestros padres y a nuestros amigos a que vengan acá mínimamente como observadores de lo que aquí ocurra”, añadió. Los estudiantes de la Escuela de Derecho tienen que presentar su posición al Supremo para el lunes.
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