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10 de junio de 2010

Madre desiste del caso contra la UPR


Por INS

El juez superior José Negrón Fernández decretó el desistimiento del interdicto que presentó la madre de un estudiante menor para que el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Ramón de la Torre, emitiera una transcripción de crédito y le otorgara el grado de bachiller en Ciencias.

Negrón Fernández decretó el desistimiento sin perjuicio y sin especial imposición de gastos, costas u honorarios.

El pasado 7 de este mes se celebró una vista en el caso, en la que se le concedió a Edna Ivonne Beltrán Silvagnoli, madre del menor, y a de la Torre hasta ayer, 9 de junio, a las 12:00 del mediodía, para informar el resultado de las conversaciones transaccionales que sostenían.

Ayer en la mañana, la parte demandante presentó un escrito solicitando el desistimiento del caso sin perjuicio.

Beltrán Silvagnoli, que presentó un interdicto en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que de la Torre, emitiera una transcripción de crédito y le otorgue el grado de bachiller en Ciencias a su hijo, había solicitado que los procedimientos fuesen privados y que se mantenga la confidencialidad del expediente.

La madre y representante legal, Beltrán Silvagnoli, que sometió el recurso para que su hijo menor Wilfredo F. García Beltrán pueda irse a estudiar a la Universidad de Harvard, afirma que su hijo aprobó todos los requisitos de graduación para el bachillerato en Química porque en cuatro años aprobó 158 de los 132 requeridos, con un índice académico de 4.00 puntos. 

1 de junio de 2010

Tildan de difamatoria la campaña publicitaria de la UPR




Por Redacción DESDE ADENTRO


Dos de los co demandados en el recurso de injunction de la UPR, René Vargas y Verónica Guzmán, presentaron en el Tribunal de Primera Instancia de Hato Rey hoy una moción para solicitar que se elimine del récord del Tribunal documentos con información confidencial que está “inequívocamente relacionada a una campaña mediática” y la imposición de sanciones a la UPR por esta conducta. Vea la moción aquí.

“Semejante tipo de expresiones en torno al carácter de los codemandados, sin lugar a dudas, ostentan un matiz difamatorio de patente intensidad”, lee la moción al referirse a la campaña mediática de la UPR durante los pasados cinco días.

Los estudiantes demandados entienden que “la inclusión de documentos transaccionales de naturaleza confidencial” en el expediente judicial perjudica las negociaciones en curso y sirve para difamar a los estudiantes.

Asimismo, se solicita que se ordene a la UPR abstenerse de esta conducta y que se le impongan sanciones.

El co demandado y presidente del Consejo General de Estudiante, Gabriel Laborde, presentó el pasado 28 de mayo una moción similar para excluir del récord información confidencial.

Por su parte, los abogados de la UPR, Raúl Arias y Maralyssa Álvarez, del bufete McConnell Valdés, contestaron la moción hace unas horas y sostuvieron que los documentos en cuestión no son confidenciales pues han sido reseñados en el Colectivo de Prensa Estudiantil DESDE ADENTRO. Vea la moción aquí.


Los abogados de Laborde contestaron al argumento de McConnell -de que la información se ofreció para justificar la prórroga y no para probar sus alegaciones- señalando que es ilógico que aleguen que documentos del 8 de mayo son necesarios para fundamentar la extensión del término, cuando el Tribunal concedió dos prórrogas anteriores a la presente y posteriores a los “entendidos” sin analizar el contenido de las negociaciones, basándose en que es mejor resolver la controversia de forma extrajudicial. Reiteraron que la argumentación innecesaria y la inclusión de los documentos sólo sirven para influir indebidamente al juez. Vea la moción aquí.


*En este reportaje colaboraron Aura Colón Solá, Andrés González Berdecía y Mariana Muñiz Lara.

10 de mayo de 2010

Victoria estudiantil en el Supremo

Por Mariana Muñiz Lara


El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió hoy el planteamiento de los estudiantes de Derecho Jorge Farinacci Fernós y Fernando Moreno Orama de que el recurso de certificación presentado por la Universidad de Puerto Rico (UPR) ante ese foro era académico.

Con esta decisión, se deja sin efecto la orden de interdicto emitida por el juez superior José Negrón Fernández a favor de los estudiantes para que, en o antes del 3 de mayo, la rectora interina Ana Guadalupe levantara el receso académico y administrativo que decretó el 21 de abril. El mismo 3 de mayo, la rectora levantó el receso, por lo que el caso era académico.

“Estamos satifechos con la determinación y entendemos que valida el proceso de negociación entre universitarios que se está llevando a cabo actualmente”, dijo Moreno Orama, en referencia a las reuniones del Comité Negociador de Estudiantes y la Junta de Síndicos con miras a alcanzar acuerdos que puedan dar fin al conflicto huelgario.

La doctrina de academicidad prohíbe que se vean en sus méritos casos cuya controversia ya se resolvió, dado que los tribunales no pueden adjudicar cuestiones que no representen una controversia real y actual.

30 de abril de 2010

Tribunal Supremo acoge recurso de la UPR


por Mariana Muñiz Lara 


La mayoría asociada con el partido político del gobierno de turno del Tribunal Supremo acogió hoy el recurso de certificación en auxilio de jurisdicción presentado por la Universidad de Puerto Rico para revisar la determinación de que el receso académico y administrativo decretado la semana pasada por la rectora interina Ana Guadalupe es ilegal, que dictó el juez superior José Negrón Fernández, al conceder el interdicto preliminar solicitado por los estudiantes Fernando Moreno Orama y Jorge Farinacci Fernós.

La decisión de ver el recurso, que alega que el estudiantado está llevando a cabo acciones violentas para paralizar la operación de la Universidad, fue avalada por los jueces Efraín Rivera Pérez, Eric Kolthoff, Mildred Pabón Charneco y Rafael Martínez Torres. Las juezas Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez disintieron, explicando que la orden de Negrón Fernández “no tiene el nefasto alcance que los peticionarios [UPR] alegan” y que la orden sólo adjudicó –correctamente- la validez del receso decretado por la Rectora. Mientras, el juez presidente Federico Hernández Denton se inhibió.

La esposa de Hernández Denton, Isabel Picó, es miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad. Asimismo, uno de los abogados del bufete Pietrantoni Méndez & Álvarez que firman la solicitud de la Universidad, Anthony Guadalupe, fue oficial jurídico de Hernández Denton hasta hace pocos meses. Durante la huelga del año 2005, siendo estudiante de Derecho, este abogado también presentó un interdicto contra la Universidad para que se abrieran los portones.

De otro lado, en sus tiempos de estudiante, Martínez Torres participó en paros universitarios y escribió artículos jurídicos defendiendo la libertad de expresión de los y las estudiantes dentro del campus universitario. En su texto "La Primera Enmienda se va de la Universidad de Puerto Rico: Restricciones Absolutas a los Derechos de Expresión", publicado en la Revista Jurídica de la UPR en 1983, el hoy juez del Supremo manifiesta: “Esperamos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no pierda de vista que la mejor manera de salvaguardar el orden en las universidades y en las escuelas públicas es sosteniendo el mandato constitucional: libre expresión para todos”.

Por su parte, Farinacci Fernós indicó que esto no afecta la continuación de la huelga, que es un ejercicio legítimo de libertad de expresión. “Con portones o sin portones cerrados, los estudiantes van a estar ahí adentro manifestándose. Vamos a permanecer en el Recinto y exhortamos a nuestros padres y a nuestros amigos a que vengan acá mínimamente como observadores de lo que aquí ocurra”, añadió. Los estudiantes de la Escuela de Derecho tienen que presentar su posición al Supremo para el lunes.  

28 de abril de 2010

Victoria estudiantil en los Tribunales

Por Aura Colón Solá y Jorge Colón Ortiz

Los estudiantes de la Escuela de Derecho, Jorge Farinacci Fernós y Fernando Moreno Orama, lograron una victoria cuando el juez José Negrón Fernández ordenara al presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Ramón De la Torre y a la rectora interina, Ana Guadalupe Quiñones, dar fin al receso académico y administrativo que mantiene la universidad cerrada desde el miércoles, 21 de abril.
En un comunicado de Prensa, Moreno Orama y Farinacci Fernós, expresaron que "el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico se apuntó una victoria de grandes proporciones en la que venció el derecho a la libertad de expresión y asociación de los estudiantes sobre las amenazas de violencia del gobierno en turno y la administración universitaria, con la decision del juez José Negrón Fernández".


Por su parte, Anibal Nuñez, estudiante de Derecho y representante en el Comité Negociador, sentenció que "esta decisión representa una gran victoria para el estudiantado de la UPR que se encuentra en huelga indefinida desde el viernes 22 de mayo”.

“Esto quiere decir que los estudiantes podemos manifestarnos y ejercer nuestro derecho a la libre asociación y expresión dentro del Recinto de Río Piedras. Más aún, esto tiene que ver directamente con lo expresado por el gobernador Luis Fortuño en su mensaje de presupuesto sobre la amenaza de intervenir en los asuntos universitarios utilizando el mecanismo coercitivo del Estado. Se demostró que en Puerto Rico hay instituciones de Derecho que protegen de esos actos de despotismo,” añadió Nuñez.

La orden cita: “Ante una actuación de los demandados que restringe el derecho de libre expresión y asociación lo menos que se le puede exigir a las autoridades es cumplir con su propio Reglamento. No lo hicieron”. En otras palabras, “con su actuación la Rectora violentó los derechos constitucionales de los demandados”, ilustró la profesora de la Escuela de Derecho, Érika Fontánez, que además dijo sentirse orgullosa por el logro de los estudiantes.

En específico, la orden emitida por el juez Negrón Fernández estipula que se tiene que coordinar la apertura de los portones en o antes del lunes 3 de mayo a las seis de la mañana.

27 de abril de 2010

Continúa la espera en el Tribunal


Por Mariana Muñiz Lara
La vista del interdicto preliminar de la Universidad de Puerto Rico continuará mañana contra Gabriel Laborde como único demandado, luego de que la institución desistiera de su reclamo contra los demás estudiantes, quienes no habían sido emplazados y emplazadas y respecto a quienes se solicitaba la desestimación del pleito.
Adriana Mulero, Roberto Thomas, Rosaly Motta, Víctor Rodríguez, Waldemiro Vélez y Jancamilo -de apellido desconocido, según la demanda- quedaron fuera de la petición de la Universidad para que se permita el acceso a los predios universitarios y no se lleven a cabo actos violentos, que los estudiantes en huelga consideran ilógica, dado que la rectora interina Ana Guadalupe fue quien ordenó el receso académico y administrativo indefinido para evitar el paro estudiantil de 48 horas anunciado para miércoles y jueves de la semana pasada y la Policía de Puerto Rico es quien mantiene el control de los portones del centro docente.
El juez superior de San Juan José Negrón Fernández comenzará a ver la prueba del recurso contra Laborde, presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, en la vista de mañana, que se llevará a cabo en la sala 904 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desde las 10:30 a.m. y a la que se espera que se presenten estudiantes de las diversas facultades y escuelas del recinto riopedrense y otras personas que les apoyan, como ha sucedido en las pasadas vistas.
Esta tarde, las partes estipularían y marcarían su prueba documental y mañana presentarían a sus testigos. Por la parte demandante, testificarán la Rectora, el profesor de Ciencias Naturales Gerardo Morell; los agentes de la guardia universitaria Ángel Rolón, Tomás Correa y Carlos Ruiz; la ingeniera Denisse Figueroa y el emplazador José Méndez. Mientras, los profesores Rafael Bernabe y Jorge Colón, el síndico estudiantil electo René Vargas Martínez y los estudiantes graduandos de Derecho Jorge Farinacci Fernós y Fernando Moreno Orama serán presentados por la parte demandada.
Farinacci Fernós y Moreno Orama esperan el fallo de su solicitud de interdicto preliminar para que el estudiantado, que alegan que está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y a la libre asociación, no sea desalojado forzosamente del Recinto. Negrón Fernández había adelantado que probablemente decidiría el asunto hoy.
Por otro lado, en la mañana, el juez no acogió el argumento de los abogados de la parte demandada, quienes indicaban que la Rectora no tenía capacidad para representar a la Universidad en un pleito. Se contempla apelar esta decisión.
Entre tanto, sigue vigente la orden de entredicho provisional dictada por Negrón Fernández, a favor de la Universidad, el jueves pasado. La misma establece que los demandados deben permitir el acceso al Recinto a toda persona que desee entrar, incluyendo investigadores, personal administrativo y de mantenimiento, así como que se desista de actos de violencia. Desde entonces, los y las estudiantes han continuado realizando sus manifestaciones pacíficas y la Policía ha custodiado los accesos al campus.
El interdicto preliminar que se está evaluando solicita lo mismo que el entredicho concedido. No obstante, el entredicho, dado que es un recurso extraordinario que se dicta sin escuchar a la parte demandada, en posible violación a su derecho constitucional a un debido proceso de ley, tiene una vigencia corta y su otorgamiento requiere ver los méritos del caso en una vista posterior de interdicto preliminar. La segunda implica un estándar de prueba más alto para la parte demandante, pero un remedio de mayor duración, de concederse.