El Comité de Eficiencia Fiscal, nombrado por el Presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), dio a conocer las recomendaciones para atajar el déficit fiscal que fueron ignoradas por la administración universitaria.
“El déficit no tiene razón de ser porque es una crisis autoinfligida”, explicó el economista Argeo Quiñonez. Según el estudio realizado por el Comité, la UPR deja de percibir $282 millones por legislación sobre exenciones contributivas, cuentas por cobrar, la legislación del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y por la legislación de la Ley 7.
“Lo menos que pueden hacer es exigir los 200 para restituir el déficit. El principal deudor de la UPR es el gobierno”, sostuvo Quiñonez.
Por su parte, el profesor Luis Pio Sánchez Longo explicó que las recomendaciones incluyen, además, la congelación y reducción de salarios en administración central. “La recomendación fue que se hicieran recortes en administración central primero”, añadió. También comentó que todas las propuestas y acciones que ha tomado la UPR para salvar las arcas han sido “parchos” que sólo resuelven los problemas momentáneamente e imponen la carga en los estudiantes y los servicios.
De izquierda a derecha: Argeo Quiñonez y María Gisela Rosado. Foto: Aura Colón
Por su parte, el profesor Luis Pio Sánchez Longo explicó que las recomendaciones incluyen, además, la congelación y reducción de salarios en administración central. “La recomendación fue que se hicieran recortes en administración central primero”, añadió. También comentó que todas las propuestas y acciones que ha tomado la UPR para salvar las arcas han sido “parchos” que sólo resuelven los problemas momentáneamente e imponen la carga en los estudiantes y los servicios.
Asimismo, el Comité denunció la falta de transparencia en las finanzas universitarias ya que “no brindan la información suficiente para que los estudiantes trabajen sobre ella y a nosotros nos ocurre lo mismo”, manifestó Sánchez Longo. Igualmente, el miembro del Comité de Eficiencia Fiscal y de la Junta Universitaria (JU), Segundo Díaz, expresó que “en todo momento se le ha negado información a la Junta Universitaria. En la última reunión que tuvimos con el presidente no dio su informe de presupuesto”. Por reglamento el presidente de la UPR tiene que entregar los informes financieros a la JU antes que sean evaluados por la Junta de Síndicos. “Esta administración se caracteriza por ignorar todos los organismos institucionales”, subrayó Díaz.
De otro lado, la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), María Gisela Rosado, denunció la negativa del presidente José Ramón De la Torre a reunirse. “Nos cancelaron la reunión de hoy y fue pospuesta sin posibilidad de fecha nueva. Ni siquiera nos dieron una razón”, afirmó Rosado.
Todos los miembros del Comité hicieron un llamado al resto de los miembros de la Junta de Síndicos para que soliciten una reunión y “no dejen en manos de una o dos personas los asuntos de la UPR”. De la misma manera, Quiñonez aseguró que “hay divisiones dentro de la Junta de Síndicos y los llaman a capítulo cuando disienten. Los representantes claustrales y el estudiante síndico no están siendo incorporados en las decisiones”. Las representantes claustrales en la Junta de Síndicos son Carmen Elisa Cotto y Rosa Franqui.
De la misma manera, Quiñonez aseguró que “hay divisiones dentro de la Junta de Síndicos y los llaman a capítulo cuando disienten."
ResponderEliminarInterpretación: Amenaza de difamación pública o cualquier otro daño para obtener algún provecho de alguien u obligarlo a actuar de una determinada manera. - Esta es la definición de chantaje.
Aparentemente, todos tienen esqueletos en los armarios".