Estudiantes contra demandan por difamación

Por Luis Alberto González / INS

Los estudiantes Verónica Guzmán Correa y René Vargas Martínez, quienes fueron demandados por la Universidad de Puerto Rico (UPR) en medio del proceso de negociación que se lleva por la huelga estudiantil, contra demandaron hoy al Presidente de la UPR, la Presidenta de la Junta de Síndicos y la Rectora del Recinto de Río Piedras, entre otras personas.

Tras negar las alegaciones de la demanda enmendada jurada que sometió la UPR contra Gabriel Laborde, presidente del Consejo General de Estudiantes de Río Piedras, y otros estudiantes, Guzmán Correa y Vargas Martínez iniciaron un proceso contra la institución y sus altos oficiales por difamación, libelo, abuso de poder y mala fe.

Entre otras cosas, alegan que los terceros demandados, José Ramón de la Torre, Ygrí Rivera y Ana Guadalupe, sus sociedades de gananciales y aseguradoras, realizaron una campaña mediática en la que divulgaron y publicaron un documento de entendidos confidencial.

La campaña estaba “dirigida a impugnar y mancillar el carácter, buen nombre, honra y reputación de los codemandados (…) con referencias expresas a la honra y el honor de cada uno de estos”, por lo que fueron expuestos ante miles de sus pares y ciudadanos a epítetos e injurias, directa e intencionalmente dirigidas a impugnar y poner en entredicho su carácter. Hacen referencia a la frase utilizada: “Sin honor no somos nada”.

Por esta acción, los estudiantes reclaman una suma “no menor de 500,000 dólares por cada uno”.

En el caso de las alegaciones de mala fe en el curso de las negociaciones y el abuso del Derecho y de los procedimientos judiciales, por lo que exigen $400,000 entre ambas por cada estudiante, alegan que “buscaron intimidar, amedrentar y coaccionar a los codemandados para obtener ventajas indebidas en el proceso de negociación”.

Los estudiantes están representados por los abogados Frank Torres Viada y Gaspar Martínez Mangual, quienes firmaron la demanda ayer, 9 de junio.

Sobre la demanda de la UPR contra los estudiantes, la contestación expresa que no existe daño irreparable para justificar la concesión del remedio interdictal extraordinario solicitado, establecen que “cualquier pérdida de la posesión real de las instalaciones físicas de recinto de Río Piedras obedece al abandono voluntario y expreso de la misma por parte de la demandante” y que “los daños y perjuicios reclamados son inexistentes, hipotéticos, especulativos o faltos de naturaleza real y concreta”.

Añadieron que “en la alternativa los daños y perjuicios reclamados son auto infligidos, patentemente exagerados y desproporcionales a las actuaciones u omisiones imputadas a los codemandados”.