Una batalla necesaria en defensa de la universidad pública puertorriqueña

Por Pedro A. Padilla Torres*

Los que me conocen saben que estimo y aprecio a la Universidad de Puerto Rico (UPR) como a ninguna otra institución social puertorriqueña. He estado ligado a mi Alma Mater de manera directa por aproximadamente nueve años, y de manera indirecta muchos más, pues desde escuela superior solía visitar la Biblioteca José M. Lázaro para estudiar y preparar mis trabajos, y luego de egresado visitaba con regularidad la Biblioteca de la Escuela de Derecho, tanto para terminar mi tesis de maestría, como para hacer investigaciones jurídicas necesarias para la práctica de mi profesión.  De todos esos años --sin temor a equivocarme, los mejores--, siete los invertí estudiando en el Recinto riopredense, del cual luego también en sus aulas fui profesor a tarea parcial por dos años.  En tiempo reciente ocupé un puesto no docente (administrativo) de tercer nivel jerárquico en ese mismo recinto, oportunidad que me permitió vivir muy de cerca el conflicto universitario que mantuvo cerrados 10 de los once recintos o colegios de la UPR, si no me equivoco, por el periodo más largo en su historia.

No en balde estoy convencido de la indiscutible importancia de la UPR para construir una mejor sociedad. Sin una universidad pública puertorriqueña, más probable que no, yo ni muchos otros puertorriqueños y puertorriqueñas hubiésemos tenido la oportunidad de obtener una educación superior de primer orden.  Y, sin duda, más que ninguna otra institución en Puerto Rico, la UPR fue fundamental en mi formación intelectual y espiritual, y la de todo un pueblo.  No creo que exista el dato (al menos no lo conozco), sin embargo, no creo que en este hemisferio haya una institución de educación pública superior que proporcionalmente haya educado y formado más personas sin recursos económicos que la UPR.  Si esto no es fundamental para el desarrollo social y económico de un País, en algún lugar del camino perdí el sentido común.  Pues no hay que ser un genio, ni es tan siquiera necesaria la educación universitaria formal que muchos obtuvimos gracias a la UPR, para entender algo al menos para mi tan obvio.

Para mi gran consternación, he llegado al convencimiento intelectual y moral de que contra la UPR existe una agenda anti universitaria que se gestó y se implementa desde el círculo de poder último de la actual administración gubernamental.  Y eso lo demuestran las actitudes, expresiones y acciones del Presidente de la UPR, algunos miembros de su Junta de Síndicos, el Secretario de la Gobernación, algunos legisladores y hasta el Gobernador de Puerto Rico.  Ahogar a la UPR socavando su base fiscal mediante la nefasta Ley 7, y luego utilizar la mentira y la demagogia para justificarlo, es siniestro.  Escuchar que la educación pública superior es un privilegio, no un derecho, es lo más anti universitario que se puede escuchar.  Y lo dijo, nada más y nada menos, que el gobernador Fortuño en un mensaje de "Estado" pago con dinero público.  No estar dispuesto al diálogo verdadero, a la inclusión y participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones trascendentales a los intereses de la UPR y del País, no es universitario, ni puertorriqueño.  La actual administración de gobierno no cree en una universidad pública, y mucho menos autónoma, razón por la cual intenta imponer en la UPR una visión que contrasta marcadamente con las genuinas aspiraciones de, según mis cálculos anecdóticos, la mayoría de las puertorriqueñas y los puertorriqueños.

Las autoridades universitarias, algunos tal vez hasta inconciente, equivocada o ingenuamente, le están jugando el juego a la administración gubernamental de turno, la cual ha sumido, no solo a la UPR, sino al País, en la crisis social, económica e institucional más profunda que yo haya vivido.  En torno a la UPR, sólo basta conocer los hallazgos de la evaluación de la principal entidad acreditadora de las instituciones de educación superior en EE.UU. Siento vergüenza ajena ante la mediocridad, incompetencia y politiquería que hoy arropa a la alta gerencia de la UPR y al gobierno de Puerto Rico.

No debería extrañar a nadie que, ante este patético cuadro, un grupo muy significativo de estudiantes --si no mayoritario--, muchos otros miembros de la comunidad universitaria y amplios sectores de la sociedad puertorriqueña han levantado su voz de protesta y enarbolado la bandera de la resistencia.  Esta protesta y resistencia contra la mediocridad, incompetencia y politiquería imperante, con contadas excepciones, y a pesar de su contundencia y persistencia, ha sido conducida de una manera ejemplar.  Pero, más importante que los métodos de lucha, o qué posición disfruta del apoyo mayoritario del estudiantado o la comunidad en general, los reclamos de la comunidad universitaria, son, a mi modo de ver las cosas, válidos, justos y razonables, y punto.

La administración de turno no puede negarse a negociar de buena fe con los estudiantes o los otros miembros de la comunidad universitaria, o imponer condiciones inaceptables a un movimiento de resistencia de esta naturaleza. Eso demuestra una total incomprensión de la cultura universitaria puertorriqueña, y la lógica de los movimientos de resistencia estudiantil en ésta y otras latitudes.  Además, ¡es contraria a la política institucional y las normas universitarias vigentes!  Para atender los conflictos, en la UPR existe una política de diálogo y no confrontación que ha sido flagrantemente violada por el Estado.  Si la administración hubiese cumplido con las políticas y las normas que regulan la conducción de los asuntos universitarios, tal vez nos hubiésemos ahorrado muchas de los desagradables incidentes y costosas contingencias que generó el conflicto universitario.

Por otro lado, la transparencia en las finanzas de la UPR es un imperativo que desde hace mucho tiempo es muy necesario.  Toda la comunidad universitaria y, de hecho, la ciudadanía en general, deben tener acceso a los libros y documentos financieros y presupuestarios de una institución pública de educación superior.  Después de todo, la UPR es de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, no de un Gobernador, una Legislatura, una Junta de Síndicos o una Presidencia que, en estos días, como en algunas otras ocasiones en nuestra historia, no responden a los intereses universitarios, ni a los del País.  Si los estudiantes y el resto de la comunidad universitaria tienen propuestas para atender el impacto que la alegada crisis económica y fiscal tiene en la UPR, pues bienvenidas sean todas. Corresponderá a la administración universitaria responder a las mismas, y acomodar de manera razonable todos los intereses involucrados en este tan complicado asunto.

Y, por último, pero no menos importante, pues posiblemente es el germen que ha provocado todo lo anterior, la política partidista y las guerras ideológicas deben quedar fuera de la UPR.  La academia es un lugar donde se debaten y escudriñan las ideas, y se forja y disemina el conocimiento.  Es un instrumento para educar/formar el intelecto y cultivar el espíritu.  Nunca debe ser un arma para imponer creencias o ideologías.  Venga de la corriente ideológica o político/partidista que venga.

En contraste, las actitudes que han demostrado las autoridades universitarias y sus titiriteros, y las acciones producto de tales actitudes, son, a mi juicio y el de muchos otros ciudadanos y ciudadanas, reprochables.  La respuesta de las administraciones gubernamental y universitaria de turno fue recurrir al burdo engaño y demagogia, y a las macanas del eufemístico Cuerpo de Operaciones Tácticas, que del uso del tacto nada sabe.  Los estudiantes anunciaron la huelga, y a las cinco de la mañana del otro día había un contingente de individuos con pobre preparación profesional, todos grandes en músculos, muchos muy pequeños de intelecto, listos y anhelosos que le dieran la orden para repartir palos.  Puedo hacer un recuento de la cantidad de mentiras a las que recurrió la administración universitaria para tratar de justificar sus incompetentes respuestas a los reclamos estudiantiles.  Pero son tantas las mentiras, que su recuento haría mucho más larga esta reflexión de lo que ya me parece es.

Si los que reconocemos y valoramos la gran importancia de la educación superior pública no denunciamos y detenemos toda esta situación, nos tomamos un gran riesgo.  Peor aún, nuestra inacción es complicidad.  No permitamos a los gobernantes y administradores universitarios de turno destruir la educación pública para sumir al País en una ignorancia más profunda de la que nos ha llevado a elegirlos o nombrarlos.  ¡Unámonos a los y las estudiantes a dar esta batalla necesaria por la UPR y por Puerto Rico!

*El autor fue Decano de Asuntos Estudiantiles en la Escuela de Derecho de la UPR.