12 de enero de 2011

Ni huelga ni expresión


El Sistema Judicial continúa su golpe contra los derechos estudiantiles

Por Gamelyn Oduardo Sierra

El Tribunal de Apelaciones de la Región Judicial de San Juan, falló a favor de la Administración de la Universidad de Puerto Rico, manteniendo así la vigencia de la moratoria a la libertad de expresión dentro del Recinto de Río Piedras. 

El Tribunal de Apelaciones razonó, entre otras cosas, que la prohibición no adolece de vaguedad ni es excesivamente amplia, que los demandantes no tienen una buena probabilidad de prevalecer en el pleito, y que el interés de la Administración Universitaria en mantener la prohibición era superior al interés de los estudiantes en ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, el Juez de Apelaciones, Luis Rivera Román, sentenció en su opinión disidente, que “El suprimir la libertad de expresión legítima dentro del Recinto de Río Piedras no es el medio adecuado para resolver una controversia tan fundamental y esencial para nuestra sociedad”.

“La opinión está en contraposición a los principios inherentes a nuestro estado de derecho democrático al permitir la subsistencia de una resolución vaga y excesivamente amplia y por ende inconstitucional de su faz” planteó Luis M. Pellót, en entrevista con DESDE ADENTRO.

La prohibición a la libertad de expresión será sometida próximamente a la Junta de Síndicos, para auscultar una extensión del término, ya que éste expiró mientras la huelga estudiantil continúa.

La Rectora del Recinto de Río Piedras prohibió el mes pasado, por un período de treinta días, la celebración de festivales, piquetes, marchas, mítines y otras actividades de participación masiva dentro de dicho Recinto.  Ante esta determinación, un grupo de estudiantes de Derecho sometieron una solicitud de interdicto preliminar exigiendo el cese y desista de la prohibición a la libertad de expresión.

El grupo compuesto por Aníbal Núñez, Luis M. Pellót, Enrique San Miguel, Hiram López y Rohemir Ramírez, alegaron que la prohibición es vaga y excesivamente amplia, a la vez que atenta contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión y asociación.  La solicitud fue declarada, no ha lugar por el Tribunal de Instancia, ante lo que los estudiantes recurrieron al Tribunal de Apelaciones.

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