28 de mayo de 2010

UPR pospone emplazamientos hasta el miércoles




Por Mariana Muñiz Lara

La Universidad de Puerto Rico (UPR) mantendrá en suspenso hasta el miércoles, 2 de junio, los términos judiciales que le aplican en su caso contra 21 estudiantes del Recinto de Río Piedras, para dar espacio al diálogo entre el Comité Negociador Nacional (CNN) y la Administración, según informó al juez superior José Negrón Fernández en una moción entregada esta mañana. Estos términos incluyen los de los emplazamientos, según se discutió en la vista del martes 25.

La moción presentada por la UPR señala que el miércoles 26 se redactó un acuerdo sobre la normativa de exenciones; sugiere que, luego de la preparación de dicho documento, la UPR pensaba que terminaría la huelga y se discutirían los demás puntos con los portones abiertos, e identifica como única ficha de tranque la amnistía en las sanciones solicitada por el estudiantado. El CNN ha enfatizado en que la negociación con portones cerrados tiene que continuar hasta que hayan garantías sobre todos los reclamos, que incluyen precisar el lenguaje sobre las exenciones, certificar que no habrá un alza en la matrícula adicional a la automática para las clases de nuevo ingreso y permitir acceso estudiantil a los libros de finanzas universitarias.

Según la moción de la UPR, el proceso de diálogo ha sido “tortuoso” para la administración universitaria y se ha dificultado llegar a acuerdos por el cambio del Comité Negociador de Río Piedras al CNN y porque el estudiantado no aprobó los entendidos preliminares. La moción incluyó como anejos el documento de Entendidos entre el Comité Negociador de Río Piedras, el presidente de la UPR, José Ramón De la Torre, y la presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, y la certificación en que la Junta de Síndicos acoge algunos de esos entendidos preliminares, fechada el 8 de mayo. Estos pre-acuerdos fueron rechazados por la Asamblea General de Estudiantes de Río Piedras del 13 de mayo por no ser suficientes para atender los reclamos, aunque se acordó mantenerlos como base para la negociación.

De acuerdo con la moción, el pleito contra los representantes estudiantiles no busca coartar la libertad del estudiantado para expresar su descontento con las políticas de la Administración, sino detener los actos “de intimidación, violencia y destrucción de propiedad”, reanudar las labores en el Recinto y resarcir los daños de la Universidad.

En una orden emitida esta tarde, Negrón Fernández aceptó que se mantengan en suspenso los términos y le concedió a la Universidad hasta el miércoles 2, a mediodía, para informar sobre el “futuro procesal del caso”. Recordó que está convencido de que “en casos en que media gran tensión entre estudiantes universitarios y los administradores de la institución lo ideal es que las disputas se solucionen mediante el uso pacífico del diálogo”.

Argumentación indebida

En una moción en contestación a la de la UPR, presentada esta tarde por la representación legal de los estudiantes René Vargas Martínez y Verónica Guzmán, se acepta que los términos queden en suspenso, beneficiando a todos los demandados, y se critica que los nuevos abogados de la Universidad hayan utilizado una moción sobre un tema procesal para discutir cuestiones sustantivas del caso y expresar su postura sobre los reclamos estudiantiles.

“En aquellas instancias en que se intenta genuinamente abonar al diálogo entre las partes en controversia, el lenguaje sobrio y sosegado es ingrediente indispensable de la fórmula que adelanta tal aspiración. A contrario sensu, las hipérboles y retóricas encandiladas menudo servicio hacen al fin último de lograr la más pronta y recta resolución del conflicto latente al interior del presente caso”, indica la moción de los dos jóvenes, quienes se sometieron voluntariamente (sin ser emplazados) a la jurisdicción del tribunal el martes, porque entienden que el caso es frívolo y así se probará si llega a verse.

Los abogados de Gabriel Laborde Torres, el presidente del Consejo General de Estudiantes de Río Piedras y el único de los estudiantes demandados que fue emplazado desde el inicio del pleito, también desaprobaron el lenguaje de la moción de la UPR, que incluye una narración sobre negociaciones en las que los abogados no han participado y documentos confidenciales que recogen negociaciones preliminares, porque entienden que su propósito era influir en los ánimos del juez para el momento de la resolución del caso. Expusieron que los demandantes utilizaron la orden del juez de informar qué harían con los emplazamientos dependiendo del resultado de las negociaciones para “ofrecer su impresión particularmente adjetivada sobre el contenido de las negociaciones y las razones por las que éstas no han logrado el resultado esperado” por ellos.

En respuesta, solicitaron que el tribunal elimine del expediente dicha moción y “las apreciaciones de la parte demandante sobre el contenido de las negociaciones”, que son inadmisibles. La petición se basa en que la política pública sobre transacciones de pleitos, recogida en las Reglas de Evidencia, busca excluir las conversaciones extrajudiciales entre las partes de la evidencia de los casos para alentar que éstos se transijan sin la intervención innecesaria del tribunal y contempla que, debido a que en las negociaciones se cede para llegar a un punto medio, éstas no siempre reflejan la veracidad o totalidad de las posiciones y responsabilidades de las partes. La supresión de la moción de la UPR no afectaría el aplazamiento de los emplazamientos.

El juez Negrón Fernández emitió otra orden esta tarde para que los abogados de la UPR indiquen, para el martes 1 a mediodía, si tienen razones válidas por las cuales él no debe conceder la solicitud de Laborde de eliminar del récord la moción de la Universidad.

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