Por J. A. AUNIÓN / P. TUBELLA
El País
El debate sobre las matrículas universitarias encarna
uno de los principales puntos de fricción entre los dos socios del Gobierno
británico: mientras los conservadores siempre han defendido un sistema de libre
mercado en el que cada institución pueda decidir la cuantía que cobra a los
estudiantes, los liberaldemócratas convirtieron en bandera electoral su
oposición a cualquier modelo que redunde en un aumento de las tasas. Los
primeros, encabezados por el primer ministro, David Cameron, han ganado el
primer asalto, al anunciar recientemente un consenso bipartidista que permitirá
al menos doblar la actual tasa límite de 3.290 libras (algo más de 3.700 euros)
para ingresar en una universidad de Reino Unido.
Pero ese debate que está sacudiendo el interior del
nuevo Gobierno británico no es exclusivo de aquel país, sino que bajo distintas
formas y particularidades locales está recorriendo toda Europa. ¿Deben pagar más
los estudiantes universitarios por sus matrículas? ¿Deben pagar más (bastante
más) solo los que suspendan, como se ha planteado en España? ¿Deben hacerlo
todos porque el beneficio del título universitario es sobre todo para el que lo
ostenta (beneficio privado, se llama, frente al beneficio social) y porque si
no el sistema universitario europeo no va a aguantar la crisis ni va a ser
sostenible a largo plazo?
Para distintos sectores, la respuesta es que los
universitarios, al menos algunos, tienen que aportar más dinero a su
universidad. Primero, porque si fuera más caro estudiar, los alumnos se
esforzarían más (en España, un 30% de los alumnos abandonan después de dos años
sin obtener titulación alguna y solo un 30% acaba la licenciatura de cuatro años
en el periodo previsto).
Asimismo, cobrar más a los que pueden pagarlo, dando
ayudas realmente adecuadas a quien las necesita (es decir, con dinero
suficiente para que nadie se quede sin estudiar por motivos económicos), sería
más justo que subvencionar a todos por igual, los que tienen para pagar y los
que no. En esta corriente estarían economistas como Jose-Ginés Mora o José
García Montalvo, quien resalta que la mayor parte del beneficio de los estudios
universitarios es privado (es decir, el título redunda en mejores condiciones
de trabajo y mejores sueldos individuales), frente a otros niveles educativos
previos cuyos beneficios para toda la sociedad son mucho mayores.
En contra, argumentos que aconsejan no mezclar en el
debate tasas y becas, porque tienen misiones, procedencias y destinos
diferentes. Y porque con las subidas de las matrículas "los más afectados
no son los más ricos, sino los que están en el límite donde las becas no
alcanzan", es decir, las clases medias, escribía en un artículo de opinión
el pasado mayo el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Julio
Carabaña.
"Es importante situar el debate de las matrículas
en una discusión más amplia sobre la financiación de la Universidad y la
importancia de que diversifiquen la procedencia de sus ingresos para garantizar
su sostenibilidad a largo plazo", dice el secretario general de la
Asociación Europea de Universidades (EUA, en inglés), Lesley Wilson. Pero el
75% de los ingresos de los campus públicos europeos procede de los Estados.
Wilson explica que esas subvenciones no deben bajar,
pero que las universidades han de aumentar sus ingresos por investigación
privada, a través de la filantropía y antiguos alumnos, la formación permanente
y otras actividades comerciales. Pero la crisis económica sí ha bajado esa
aportación estatal, con recortes presupuestarios desde el 48% en Letonia, hasta
el 10% en Italia o en 6,6% en Reino Unido (estos últimos en varios años).
Y eso ha reavivado el debate de las matrículas.
"Está clara la necesidad de incrementar la financiación de la educación
superior para mantener el ritmo de la demanda y no poner en peligro la calidad.
Esa financiación puede ser de dinero público o de fuentes privadas. Cada Estado
miembro tendrá que revisar su estructura y elegir lo más adecuado. Pero está
claro que los países optan cada vez más por introducir o ampliar el cobro de
matrículas", resume el portavoz de Educación de la Comisión Europea Dennis
Abbott.
"Existe más presión que nunca para tomar ese
camino fácil [la subida del precio de las matrículas]", dice a través del
correo electrónico la lituana Rasa Cincyte, del comité ejecutivo de la
Asociación de Estudiantes Europeos (ESU, en siglas inglesas). Cincyte asegura
que entiende los desafíos de afrontar la crisis y pensar en la sostenibilidad
del sistema a largo plazo, sin embargo: "Ver la educación universitaria
como un bien privado es un enfoque muy preocupante", añade.
En general, los precios de las matrículas en Europa
han sido y son más bajos que en EE UU, el espejo que se suele usar en los
debates universitarios, aunque dentro de una enorme variedad que iba, en el
curso 2007-2008, desde la gratuidad en los centros públicos en los países
nórdicos, hasta los 1.500 euros en Holanda, u horquillas de hasta 3.400 euros en
Lituania, según el informe del grupo alemán de investigación económica Cesifo.
En países como Austria, Dinamarca o Irlanda se ha
debatido la introducción de matrículas, cuenta Abbott. En Alemania, se
introdujeron en algunos Estados en 2007. Incluso Finlandia, Suecia y Dinamarca
han empezado a introducir el pago de matrículas para algunos programas y a
cobrar a los alumnos extranjeros.
En el lado contrario está el rechazo social a este
tipo de medidas, representado de forma más visible por los estudiantes. "Hay
algunos logros que demuestran que la dirección opuesta [a subir las matrículas]
también es posible. Por ejemplo, Irlanda, que se deshizo de los derechos de
matrícula no hace mucho. Además, una investigación llevada a cabo por la
Asociación de Estudiantes Europeos en 2007 demuestra que en algunos países la
situación financiera ha empeorado debido a la introducción de la matrícula o el
aumento de los montos sin aumentar la disponibilidad de préstamos y
ayudas", advierte Rasa Cincyte, de la ESU.
Mientras, en el Reino Unido el debate continúa. En un
gesto que amenaza con revuelta en las filas de su propio partido, el
liberaldemócrata Vince Cable, secretario de Negocios, fue el responsable de
defender en los Comunes hace apenas unas semanas la impopular medida de quitar
el límite máximo de las matrículas, amparándose en las "actuales
circunstancias económicas" y en un análisis independiente encargado por el
Gobierno sobre el modelo de financiación de la educación superior difundido ese
mismo día. Dirigido por el ex consejero delegado de la petrolera BP, John
Browne, el estudio defiende en realidad la anulación de cualquier tope en el
precio de la matrícula, aunque considera razonable que el coste medio de la
misma ronde las 6.000 libras (unos 6.700 euros). Cable aceptó ese incremento
como fórmula para recortar los subsidios del Gobierno a las universidades (lo
que hoy paga el estudiante no cubre el coste real del curso), pero titubeó
sobre la propuesta de que algunas instituciones de élite cobren todavía más para
mantener la competitividad.
En un fiel de la balanza están los argumentos como el
de la Universidad de Cambridge, que calcula el coste real por estudiante en
unas 9.000 libras (unos 10.140 euros). En el otro, la "pesadilla" que
afronta la Universidad de East London, sede de una colonia estudiantil muy
variada étnica y socialmente: si le "permiten" aumentar el precio de
las matrículas, en realidad una obligación a causa del recorte de los subsidios
gubernamentales, se arriesga a perder a centenares de universitarios de clase
humilde. El visto bueno a esa flexibilidad en las tasas, un punto muy sensible
porque rememora el endémico clasismo de la sociedad inglesa, es una de las
grandes incógnitas que penden sobre la reforma universitaria, cuyos detalles se
conocerán en las próximas semanas.
Hasta entonces, lo que los futuros alumnos ya saben es
que el coste de su carrera sufrirá un drástico aumento, si bien podrán
sufragarlo a través de los préstamos para estudiantes; pueden empezar a
devolver el dinero cuando estén trabajando y sus ingresos superen las 21.000
libras anuales. Por el contrario, aquellos licenciados con recursos económicos
para saldar la deuda casi de inmediato deberán abonar una tasa de penalización,
al estilo de las que se pagan cuando se cancela un préstamo hipotecario.
La fórmula es calificada de más equitativa por un
reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales, que cree beneficioso para
los estudiantes de escasos recursos la posibilidad de saldar el préstamo con su
universidad a lo largo de muchos años. Otros medios, como la Asociación Médica
Británica, alertan sobre la perspectiva de que muchos estudiantes acaben
endeudados hasta las cejas después de graduarse.
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